Periodista: Dinorat Menessini / Fotografo: Wiston Alberto Bravo López
La Asamblea Nacional (AN), en sesión ordinaria de este jueves, aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Intérpretes Públicos, que regulará el ejercicio de la profesión para actualizar y establecer la nueva institucionalidad y fortalecer la rectoría del Estado en la materia, como medios imprescindibles para garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso, así como la seguridad jurídica de los procedimientos y trámites administrativos.
La propuesta fue presentada por la integrante de la Comisión Permanente de Política Interior de la AN, diputada María Gabriela Vega, quien indicó que el Proyecto de Ley de Interpretación Pública, que derogará a la vigente norma, consta de 18 artículos, una disposición derogatoria y una disposición final.
Explicó que es un punto de honor para la AN reconocer la lengua de seña venezolana, y sus intérpretes, como idioma oficial, cumpliendo con una observación precisa del comité de personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la defensa reciente del informe del Estado venezolano sobre la convención de las personas con discapacidad.
Resaltó el reconocimiento de los idiomas indígenas como oficiales, en cumplimiento con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los compromisos internacionales en la materia. Destacó que el nuevo texto jurídico enmarca su contenido conforme a los principios de la Carta Magna y desarrolla un tema de igualdad y derechos sin distenciones de raza, color, linaje, sexo, credo, condición social, entre otros derechos.
Por su parte, el diputado Omar Ávila sugirió que se empleen mesas técnicas de trabajo en la consulta pública del proyecto, así como mecanismos para elaborar el reglamento que permita la ejecución de la misma para no repetir los errores del pasado. Hizo la salvedad acerca de la elaboración del reglamento señalando que es competencia del Ejecutivo Nacional y no de la AN.
Durante la discusión intervino la diputada Rodbexa Poleo, quien expresó que el proyecto es un instrumento que fortalece la seguridad jurídica y vela por los derechos y garantías de las personas. Agregó que al derogar la ley actual, que data de 1956, se está garantizando un instrumento más justo, humano, solidario, con perspectiva de género, inclusivo y con responsabilidad en el ejercicio de la función pública.
