Periodista: Daniela Rodríguez / Fotografo: Willmer Tovar
El presidente de la Sociedad Científica del Derecho Internacional, y vicerrector de la Universidad de Oriente de la República de Cuba, Freider Santana, presentó un plan para enfrentar las amenazas y agresiones que, desde agosto pasado, mantiene el gobierno de Estados Unidos en el Mar Caribe.
Entre las recomendaciones que planteó en el "Encuentro de Juristas en Defensa del Derecho Internacional", que celebra el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz el 13 y 14 de noviembre en Caracas, destaca el multilateralismo como mecanismo esencial de concertación política y de construcción de un orden internacional más justo, contrario a la política sustentada en los postulados de la Organización de los Estados de América (OEA).
Santana señaló que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), como foro representativo de los 33 países de la región, sin la presencia de potencias extracontinentales, constituye un espacio idóneo para el consenso. Por ello, instó a reafirmar la declaración de apoyo a la resolución pacífica de los conflictos y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, tal como se avanzó en la última cumbre realizada en Colombia junto a la Unión Europea (UE).
Asimismo, sugirió revitalizar otros mecanismos de diálogo y trasladar una posición común a la Organización de Naciones Unidas (ONU). En este sentido, mencionó a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) como opción, ya que en su momento representó un avance histórico en la conceptualización de una defensa regional autónoma, capaz de amortiguar la injerencia externa mediante la cooperación en áreas clave como finanzas, salud y seguridad.
“Las voces conjuntas tienen más peso que las individuales; es la materialización práctica de la unidad en la diversidad para lograr nuestra protección regional”, explicó.
Diplomacia de los pueblos
Freider Santana, manifestó la necesidad de recurrir a la “Diplomacia de los Pueblos”, impulsando campañas internacionales para denunciar el carácter ilegal de las acciones estadounidenses y fomentar la conexión entre la sociedad civil latinoamericana y norteamericana, con el fin de que se movilicen contra la militarización del Caribe.
En el ámbito jurídico, propuso que los países de la región soliciten una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la licitud del proceder estadounidense. Asimismo, consideró importante explorar la posibilidad de presentar un recurso ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Por último, valoró la creación de un panel internacional de juristas, a partir del encuentro actual, en el cual expertos en derecho internacional elaboren un informe detallado que sirva como base para acciones posteriores.
“Este encuentro de juristas representa la defensa de la civilización frente a la barbarie y a la ley del más fuerte. El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe es un anacronismo en el siglo XXI, un resabio de una época que creíamos superada por el derecho internacional de nuestros tiempos”, concluyó.
