Periodista: Dinorat Menessini / Fotografo: Willmer Tovar
La Subcomisión de Vivienda y Desarrollo Urbano rechazó enfáticamente la trama de corrupción en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), en Caracas.
Así lo informó, este miércoles, el presidente de la subcomisión, diputado Rigel Sergent (PSUV/Dtto. Capital), a propósito de la denuncia de la viceministra para el Desarrollo Integral de los Urbanismos, Carolina Cestari, contra funcionarios del Ministerio de Hábitat y Vivienda que desalojaron y negociaron apartamentos adjudicados.
Sergent señaló que apoya todas las investigaciones al respecto, y aclaró que las viviendas de la Gran Misión Vivienda no se deben mercantilizar; al mismo tiempo, dijo que las puertas de la subcomisión están abiertas para recibir las denuncias por parte de los ciudadanos sobre este tipo de ventas.
En este sentido, se refirió a la Reforma de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, sancionada por la AN el 30 de abril del presente año, la cual tiene por objeto la inclusión de la clase trabajadora en la Junta Directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) y en el Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.
Asimismo, explicó que la norma garantiza el uso social de las viviendas como un bien de carácter no lucrativo, dándole la primera opción de venta a la Inmobiliaria Nacional. “Esta Ley es una de las tantas herramientas para luchar contra la corrupción”.
El diputado también informó que le fue otorgado un derecho de palabra al ciudadano Venancio Álvarez, quien denunció un intento de desalojo forzoso por parte de unos funcionarios en la Casa 58, ubicada entre las esquinas de Pájaro a Zamuro frente al mercado Cruz Verde en la Parroquia Santa Rosalía, municipio Libertador, donde viven más de 20 familias.
Subcomisión de Vivienda rechaza corrupción en urbanismos de GMVV
Ante ello, explicó que se estableció una mesa de trabajo con la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revisar el caso.
Detalló que la subcomisión, hasta ahora, ha atendido a más de seiscientas familias que fueron acusadas, de manera falsa, como invasores.
