Carlos Morillo / Julio Rojas Prensa AN
La Comisión Permanente de Energía y Petróleo inició este miércoles el proceso de revisión del Proyecto de Ley de Energías Renovables y Alternativas, instrumento normativo que promoverá, impulsará y regulará las energías renovables y alternativas en su proceso, desarrollo, autogeneración, uso y aprovechamiento de forma racional para contribuir con las políticas ambientales positivas para el desarrollo del país.
El presidente de la instancia parlamentaria, diputado Ángel Rodríguez, señaló que el proyecto, conformado por 33 artículos y siete títulos, establece la incorporación progresiva en los sectores públicos y privados al uso de tecnologías limpias para la generación de energía eléctrica, la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles como fuente primaria y la contribución en el fortalecimiento de la prestación del servicio.
Expresó que el proceso de revisión de la ley se realiza luego del trabajo de las mesas técnicas que se realizaron con los diversos sectores del país, sociales, académicos, científicos, empresariales y ministeriales. La normativa en discusión establece acciones que contribuyen a reducir la emisión de gases de efecto invernadero para favorecer a la lucha contra el cambio climático, de acuerdo a los compromisos internacionales suscritos por el Estado venezolano como los protocolos de París y de Kioto.
Rodríguez considera que esta normativa permitirá desarrollar una matriz energética diferente a la de los combustibles fósiles, permitiendo minimizar el consumo de agua y, en consecuencia, no aportará contaminación al clima y permitirá llegar a sectores donde el Sistema Eléctrico Nacional es inaccesible.
El parlamentario aspira a que en 2035 todas las instituciones públicas del Estado estén generando electricidad con energías alternativas renovables y contribuyan al desarrollo industrial de energías para minimizar el impacto al cambio climático.
Finalmente, el diputado refirió que en el texto se incorporarán las formas de impulsar el desarrollo industrial, así como su financiamiento con políticas claras en materia de infraestructura, recursos humanos, permitiendo que esta normativa tenga asidero cierto y real y permita su ejecución de forma asertiva y efectiva.
