Periodista: Daniela Rodríguez / Fotografía: Willmer Tovar
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Pedro Infante (PSUV/Miranda), señaló este martes que el Proyecto de Reforma de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia busca equilibrar dos posiciones en tensión.
Durante la sesión ordinaria, al presentar la propuesta de reforma, el parlamentario explicó que, frente a quienes aspiran a mantener el articulado intacto, desconociendo la nueva etapa política, y quienes pretenden que se derogue, y negar los riesgos del resurgimiento de la violencia en sectores de extrema derecha, el Gobierno Nacional opta por defender el deseo de conciliación de la familia venezolana.
Infante agregó que la reforma no pretende el olvido de quienes perdieron a seres queridos, de quienes sufrieron criminalización por pensar distinto, ni de los funcionarios caídos en el cumplimiento del deber.
Por el contrario, subrayó que se plantea avanzar hacia la reparación en unidad, erradicar la violencia del debate político y corregir posibles excesos cometidos en la aplicación del instrumento legal.
“Todos los muertos, todos los sufrimientos, debimos evitarlos. Linchar y quemar personas vivas por ser o parecer de determinados movimientos o partidos políticos, eso no es política. Eso es barbarie", subrayó.
Favorecer la convivencia
El diputado Infante explicó que, si bien diversos sectores consideran que la ley no debió existir, la norma es el resultado del contexto de violencia registrado en 2017 y documentado por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.
Dicho escenario afectó la educación, impidiendo que los niños asistieran a clases; la salud, dificultando el acceso de pacientes a sus tratamientos; y la economía, tras la destrucción de establecimientos comerciales, dijo.
Asimismo, indicó que la iniciativa legislativa responde a una solicitud directa de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, quien remitió una comunicación formal al Parlamento el pasado 28 de septiembre para orientar la modificación del texto legal bajo dos principios rectores: despenalizar las conductas tipificadas en la norma vigente y favorecer la convivencia democrática nacional.
A su juicio, la propuesta refleja coherencia entre el discurso y la acción del Ejecutivo, además de la entereza política para corregir fallas en el marco del proceso democrático que vive el país. En tal sentido, exhortó a las bancadas parlamentarias a respaldar el documento como un gran pacto por la vida, el pluralismo político y la estabilidad de Venezuela.
"Esta ley no puede ser, a la medida de los políticos, y digo ni chavistas ni opositores, para resolver sus diferencias irracionales. Esta ley debe ser un compromiso colectivo que nos obligue a garantizar la paz, la estabilidad y la tranquilidad de la familia venezolana a quien en definitiva nos debemos", concluyó.
