Periodista: Prensa An / Fotografo: Prensa An
Rayma Rondón / Prensa AN
El presidente de la Subcomisión de Aguas de la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos, diputado José Bracho, informó que el Proyecto de Ley Orgánica de Aguas propiciará grandes inversiones y para ello debe vincularse a la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos.
“Se requieren grandes inversiones para garantizar el servicio de suministro del vital líquido, cuyo punto neurálgico se encuentra en los sistemas de bombeo hacia las grandes ciudades, situación íntimamente ligada a la generación eléctrica”, explicó el parlamentario.
Estima que deben ser revisados los planes de inversión con miras a suministrar el agua a través de redes. Cree que ya debe superarse la etapa de la perforación de pozos profundos, como ocurre en los Valles del Tuy y otras zonas, e impulsar el suministro por red. "Se entiende que es más fácil perforar e invertir en una bomba de 5Hp que invertir en un sistema de suministro por redes. Pero debemos atacar lo neurálgico", aseveró.
Precisó que han sostenido encuentros con la Subcomisión de Electricidad, que preside el diputado Antonio Benavides Torres, para sumar esfuerzos en ese sentido. “Se pueden tener los niveles de los embalses llenos, como es el caso en este momento de Caujaríto en los Valles del Tuy, y del Orinoco en Bolívar. Pero si no se tiene capacidad para bombear no hacemos nada”.
Recordó que la maquinaria del sistema de bombeo sufre una especie de secuestro debido a que son tecnología estadounidense y el bloqueo no permite ni el mantenimiento ni la sustitución de piezas. Sin embargo, dijo que se han adaptado repuestos. "No se tuvo visión de futuro. Ahora estamos a niveles de sustitución de todo el sistema, porque la mayoría de las plantas terminaron su vida útil, algunas con más de 65 años”, subrayó.
Acerca de la ley, explicó que esta proveerá vida orgánica a la Superintendencia Nacional de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento. Agregó que la norma es una herramienta para resolver, “no es una varita mágica que soluciona los problemas de manera inmediata”, puntualizó.
Indicó que la superintendencia supervisará el proceso de mantenimiento, sustitución y sinceración del sistema tarifario. Pero será el pueblo organizado en mesas técnicas de agua el verdadero brazo político ejecutor de la ley y así lo debe asumir la gente. "Si las comunidades no se apropian de este instrumento, no avanzaremos", dijo.
Bracho considera que en función de garantizar un servicio oportuno y de calidad, como lo establece la propuesta legislativa, el Estado, a través de sus operadoras, debe percibir ingresos. De lo contrario, difícilmente se va a tener capacidad para invertir en mantenimiento correctivo y preventivo.
Bondades de la ley
El parlamentario expuso que la Ley Orgánica de Aguas garantizará la participación del nuevo sujeto histórico, que son los hombres y las mujeres combatientes. Insistió en que la norma empodera a la gente en el proceso.
Estima que logrando sincerar el elemento tarifario, la ley permitirá que los ciudadanos paguen el servicio y se cree la cultura de la cancelación del vital líquido. “Un metro cúbico de agua en Venezuela cuesta apenas unos 40 bolívares soberanos, con ese monto no se compra nada”.
Destacó que la comisión procura un efectivo y adecuado plan de subsidio para los más necesitados. “No se puede cobrar la misma tarifa a quienes, por ejemplo, utilicen el agua para sistemas de riego”. Agregó que la ley establece también un régimen tarifario, así como sanciones o multas para quienes perforen pozos profundos en zonas residenciales.
Comentó que en Chacao y Los Palos Grandes, entre otras zonas de la Gran Caracas, ha proliferado este tipo de captación de agua subterránea que deben ser supervisados y normados por esta ley porque se trata de un recurso natural. “El agua es un derecho humano y por ende debe estar enmarcado en una legislación”.
El diputado Bracho sostuvo que todos los poderes públicos están involucrados en la Ley de Aguas. Agregó que el proyecto, invocando el 182 constitucional, dedica un capítulo a la participación de los municipios y de los consejos locales de planificación pública, de manera que converjan en el esquema de planificación de obras.
