Periodista: Charles Delgado /
La Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, en reunión extraordinaria de este martes, aprobó el informe para la segunda discusión del Proyecto de Ley Especial de Trabajadoras y Trabajadores a Domicilio, informó la diputada Luz Coromoto Chacón (PSUV/Nacional).
La también primera vicepresidenta de la comisión explicó que la ley aportará seguridad social al sector de trabajadores que ejercen su labor desde el hogar y no cuentan con una normativa exigida por las leyes de la República ante el patrón.
Resaltó que la comisión está cumpliendo con el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien ha llamado a normalizar todos los sectores de trabajo, tal y como lo establece la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (Lottt).
Anunció que en el seno de la comisión están en desarrollo los proyectos de Ley Trabajadores Motorizados, Transporte Terrestre, Transporte Marítimo Fluvial, entre otros.
La diputada Chacón indicó que luego de ser aprobado el informe para la segunda discusión del Proyecto de Ley de los Trabajadores a Domicilio, se llevará a discusión en la Plenaria en los próximos días para su aprobación.
Por su parte, la responsable de la propuesta legislativa, diputada Gisela Tovar (PSUV/ Yaracuy), informó que está conformada por 18 artículos y tiene la finalidad de reconocer el trabajo a domicilio como actividad económica que crea valor agregado, produce riqueza, y bienestar social.
Agregó que también busca garantizar a estos trabajadores, y a sus familiares, una vida productiva y gratificante que les permita el pleno desarrollo de sus potencialidades. En la ley se establece la habilitación de supervisores capacitados por el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, a fin de ordenar la redacción de contratos con el patrón.
Reiteró que a través de la norma se busca visibilizar al sector, además de proteger a las niñas, niños y adolescentes. Recordó que la misma es producto del intercambio de ideas que realizaron los parlamentarios en consulta pública con el pueblo de los estados Miranda, Carabobo, Aragua, La Guaria y Distrito Capital, entre otros, cuyos habitantes se organizaron en asambleas para recoger las propuesta que enriquecieron el texto.