Periodista: Margareth Cornivel / Fotografía: Pedro Corredor
El Parlamento aprobó, este martes, en primera discusión y por unanimidad, el Proyecto de Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Viviendas, novedoso instrumento dirigido a fortalecer las opciones de atención habitacional, tanto del mercado de alquileres como de la construcción de nuevas residencias.
La propuesta de ley fue presentada por el diputado Pedro Infante (PSUV/Miranda), quien explicó que con esta se busca proteger al ciudadano mediante la creación de un mercado formal y atractivo para la inversión.
Detalló que, para lograrlo, el nuevo marco legal otorgará incentivos económicos indexados, garantías bancarias o de seguros, y vías de resolución rápida de conflictos.
El diputado explicó que la propuesta, integrada por 27 artículos y cuatro capítulos, procura estimular el mercado de arrendamiento bajo un sano equilibrio jurídico.
Al respecto, indicó que se permitirá el uso de depósitos en garantía, o pólizas de seguro de hasta tres meses, con la obligación de reintegrar estos fondos en un lapso de 15 días continuos tras finalizar el contrato y verificar el estado físico del inmueble.
Distribución equitativa
Respecto al mantenimiento de las viviendas, el parlamentario señaló que el instrumento legal facilitará una distribución equitativa del peso financiero.
"De esta manera, las reparaciones mayores y menores se regirán bajo el umbral técnico del 30 % del canon de arrendamiento", precisó.
Asimismo, apuntó que la reforma busca equilibrar la balanza mediante la desjudicialización y la celeridad que ofrecen la mediación y el arbitraje, "como vía expedita para resolver controversia, disminuyendo los tiempos de respuesta y aliviando la carga del sistema de justicia ordinario".
Regulación estatal y seguridad
Infante sostuvo que, en materia económica y operativa, el proyecto introduce cambios sustanciales, entre los que destaca la prohibición de arrendar en zonas de alto riesgo o estructuras precarias.
En este sentido, explicó que la ley contempla la participación del Estado venezolano como un ente facilitador que asegura un acceso justo a la vivienda, y empodera directamente al ciudadano con reglas claras y simplificadas.
Transición legal
Finalmente, aclaró que la normativa regirá de forma exclusiva las relaciones contractuales que surjan a partir de su promulgación, por lo que los acuerdos previos mantendrán sus mecanismos de atención bajo la legislación preexistente.
"El proyecto avanzará ahora a su segunda discusión para el debate artículo por artículo", culminó.
