Periodista: Luis Villalta / Fotografía: Prensa An
El diputado Rigel Sergent (PSUV/Dtto. Capital) reafirmó que con la Ley de Protección y Promoción de la Construcción de Viviendas, sancionada el pasado viernes, el Estado garantizará los derechos de constructores y compradores.
Durante una entrevista en VTV, el parlamentario explicó que esta norma es la reforma parcial de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, y enfatizó que equilibrará el marco jurídico nacional porque brinda garantías al sector promotor privado y a las familias que destinan sus ahorros a la adquisición de un hogar digno.
Expuso también que esta ley crea la figura del fideicomiso inmobiliario administrativo, mecanismo que sustituye a la antigua fianza de fiel cumplimiento, para otorgar resguardo y transparencia a los recursos invertidos por las familias compradoras, la banca pública y el sector privado.
Fideicomiso administrativo
La figura del fideicomiso inmobiliario administrativo es un mecanismo que administrará los fondos provenientes de créditos otorgados por la banca pública o privada, así como los aportes de las iniciales financieras entregadas por los futuros propietarios, destacó el parlamentario.
Bajo este nuevo esquema, afirmó, la liberación de los recursos económicos estará estrictamente supeditada al avance físico real de la obra, garantizando una administración prudente del capital a lo largo de todo el ciclo de ejecución.
Detalló que esta herramienta impide la malversación de fondos o la paralización de proyectos por falta de liquidez, resguardando tanto la inversión patrimonial de las familias como la vialidad financiera del constructor.
Tribunales civiles
En el ámbito procedimental, aseveró el diputado, el texto legal traslada la atención de eventuales conflictos e incumplimientos contractuales de la jurisdicción penal hacia los tribunales civiles.
Indicó que el enfoque punitivo previo conducía al bloqueo indefinido de los desarrollos urbanísticos mediante intervenciones totales, mientras que la vía civil permitirá resolver las controversias de forma expedita y facultará a los propios adquirientes a gestionar la culminación del proyecto en caso de fallas imputables al desarrollador.
El articulado prohíbe, de manera categórica, que las empresas promotoras rescindan unilateralmente los contratos de compraventa firmados con los compradores, resaltó.
De igual forma, se contemplan tres niveles de sanciones administrativas, de acuerdo con la gravedad de las infracciones, priorizando en todo momento la entrega definitiva del inmueble en plazos acordados por las partes.
Registro obligatorio
La normativa ordena la creación del Registro Único de Constructores y Promotores, cuya organización estará bajo la responsabilidad del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.
Relató que el Poder Legislativo acordó establecer un plazo de 60 días para que las empresas, cooperativas y desarrolladores inmobiliarios completen su inscripción formal en dicha plataforma institucional.
También ratificó la extensión de la comisión especial por un período adicional de 30 días, donde los parlamentarios realizarán el seguimiento interinstitucional y colaborarán en la redacción del reglamento de la ley.
Por otra parte, insistió en salvaguardar la integridad de las familias venezolanas; por ello, la ley exige que todo proyecto habitacional cuente obligatoriamente con estudios de suelo previos y cálculos estructurales que se adecuen rigurosamente a las normas sismorresistentes Covenin.
Insistió en que ninguna obra podrá dar inicio sin la validación previa de estas especificaciones técnicas de ingeniería civil.
La norma ataca la burocracia administrativa al fijar un lapso máximo de 30 días para que las oficinas de ingeniería municipal y control urbano emitan respuesta a los trámites permisivos, recordó el parlamentario.
La ley contempla sanciones administrativas, declaró, para los funcionarios públicos que generen dilaciones injustificadas, garantizando fluidez en los procesos institucionales necesarios para la construcción.
Subrayó que esta ley se articula armónicamente con la Ley de Arrendamiento de Viviendas para el mercado secundario, formando un ecosistema integral para la reactivación económica del motor construcción en el país.
Finalmente, manifestó que el Estado promoverá incentivos para el uso de tierras públicas en nuevos desarrollos y respaldará los planes de formación técnica dictados por el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) para certificar a los trabajadores del sector.
