Periodista: Daniela Rodríguez / Fotografía: Prensa An
El presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, diputado Nicolás Maduro Guerra (PSUV/Dtto. Capital), considera que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática marca un nuevo momento político para escuchar al pueblo venezolano.
Durante una entrevista en Venevisión, este domingo, el parlamentario destacó que esta ley ha impulsado la reconciliación nacional, brindando respuestas a víctimas, sectores de oposición y presuntos presos políticos, pese a que grupos extremistas en el exterior insistan en mantener una agenda de confrontación.
Maduro Guerra planteó la posibilidad de crear una Ley de Convivencia Pacífica y Democrática en caso de que se soliciten modificaciones o derogaciones a la Ley Constitucional contra el Odio o a la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar.
No obstante, recordó que la actual amnistía excluye a quienes promovieron acciones armadas contra la soberanía nacional, por lo que exhortó a todos los sectores a ejercer la política con responsabilidad y respeto mutuo.
Al ser consultado sobre las revisiones de teléfonos en alcabalas o aeropuertos, señaló que la Comisión de Política Interior no ha recibido denuncias al respecto. No obstante, se comprometió a evaluar detalladamente estos casos si llegaran a ser presentados ante dicha instancia.
Mejora económica
Para el diputado, la prioridad actual de la ciudadanía no radica en procesos electorales o renovación de cargos públicos, sino en la mejora económica y el fortalecimiento del salario.
En este sentido, explicó que para lograr un alivio financiero definitivo es imperativo que Estados Unidos retire las sanciones. Señaló que, aunque Venezuela es un aliado confiable, la inversión extranjera requiere seguridad jurídica más allá de licencias provisionales.
Asimismo, resaltó que la Ley de Derechos Socioeconómicos es fundamental para proteger a consumidores y comerciantes. Indicó que normalizar la economía nacional traerá consigo estabilidad política y, por consiguiente, bienestar social.
Finalmente, el asambleísta ratificó su compromiso de permanecer en el país luchando por sus ideales de forma pacífica. Subrayó que su labor se enfoca en construir el modelo democrático que el país requiere, siguiendo los objetivos de justicia social trazados por el presidente Nicolás Maduro en el Plan de la Patria de las 7 Grandes Transformaciones (2025–2031).
Responsabilidad colectiva
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, diputado Jorge Arreaza (PSUV/Nacional), quien también fue entrevistado este domingo, reafirmó que la Ley de Amnistía representa un paso fundamental para la estabilidad de Venezuela, aunque advirtió que su éxito depende del compromiso de todos los sectores políticos.
El parlamentario señaló que quienes respaldan la ley sintonizan con el deseo de paz de la mayoría, mientras que los sectores que la critican de forma destructiva pretenden restarle utilidad en un momento histórico que exige entendimiento.
Al ser consultado por los efectivos militares detenidos, Arreaza fue enfático al aclarar que estos cuentan con su propio sistema de justicia. Precisó que, si bien se pueden revisar expedientes específicos, el Artículo 9 de la ley es claro al excluir a quienes participaron en hechos de guerra, intentos de magnicidio o alianzas con mercenarios extranjeros.
Justicia transparente
El parlamentario destacó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha instruido que este proceso no se agote en la Ley de Amnistía. En ese sentido, mencionó que el Artículo 15 faculta a su comisión para recibir casos complementarios, incluyendo posibles errores en la aplicación de la Ley contra el Odio.
También, resaltó la importancia de la transformación del Poder Judicial para convertirlo en un sistema absolutamente transparente y justo, una tarea que calificó como una deuda pendiente con el pueblo.
Por último, el diputado hizo un llamado a la oposición para que ejerza la política exclusivamente por la vía constitucional. Subrayó que la paz no es responsabilidad única de quien gobierna, sino un esfuerzo compartido que requiere abandonar el revanchismo y las agendas de intervención extranjera.
