Charles Delgado / Foto: Prensa AN
La Comisión Permanente de Política Interior cerró el primer periodo de sesiones ordinarias de 2022 con ocho leyes sancionadas por la Plenaria de la Asamblea Nacional (AN), informó la primera vicepresidenta de la instancia, diputada Rosa León.
La parlamentaria comentó que esto representa 60% de las 13 leyes sancionadas por la Cámara Plena, de acuerdo al Informe de Gestión y Culminación del Primer Periodo de Sesiones del 2022, presentado por la primera autoridad del Poder Legislativo, diputado Jorge Rodríguez.
Al respecto, resaltó que fue un esfuerzo coordinado con los equipos de trabajo de las cuatro subcomisiones, integradas por 19 diputadas y diputados, quienes redactaron y consultaron a los especialistas de cada materia.
Para la elaboración de las leyes, explicó que la comisión se reunió en pleno en 14 oportunidades, de las cuales 12 fueron en reuniones ordinarias y dos extraordinarias. Agregó que, previo al debate abierto, las subcomisiones se reunieron 34 veces.
Revolución Judicial
Entre las ocho leyes sancionadas, destacó las relacionadas con la Revolución del Sistema Judicial, como la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde se establece el derecho a las personas al acceso a los órganos de administración de justicia.
Expresó que esta reforma permitió la reducción del número de magistrados, a objeto de buscar un mejor manejo en las salas y fortalecer la autonomía y procedimiento del Comité de Postulaciones.
80 años de espera
Otra norma cuya sanción fue responsabilidad de esta comisión es la Ley de Publicaciones Oficiales, que databa de 1942, y ahora con su adaptación a los nuevos tiempos permitirá regular los actos jurídicos del Estado, a los fines de garantizar la transparencia de la actuación pública.
Para tal efecto, la comisión aplicó tres fases; la primera para informar el propósito y razón de la ley, además de la metodología para la consulta pública, cuya actividad fue realizada en el Hemiciclo Protocolar. La segunda fase fue el abordaje en mesas de trabajo donde recogieron propuestas; y en la tercera fase se realizó la presentación ante la Plenaria de la Comisión.
En la consulta participaron autoridades del Ejecutivo Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, Parlamento Comunal, Consejos Comunales, Poder Popular, y la Dirección de Consultoría Jurídica de la AN. El resultado del periodo de consulta arrojó la redacción de 18 artículos y tuvieron que pasar 80 años para su nueva redacción por el Poder Legislativo.
Ampliación de defensores
Con la reforma de la Ley Orgánica de la Defensa Pública se modificaron los artículos 7, 12 y 19 del instrumento, relativo a la legislación, designación y atribuciones de la Defensora o Defensor Público. Los cambios, discutidos en la comisión permitieron regular la naturaleza y organización, autonomía funcional y administrativa de la Defensa Pública.
A este texto legal se le incorporó una disposición transitoria que establece un periodo de 30 días, a partir de la entrada en vigencia de la norma, para dar inicio al proceso de designación de la Defensora o Defensor Público General. Para tal efecto, la AN activó al Comité de Postulaciones Judiciales para escoger al nuevo Defensor Público, en cuyo proceso se postularon 28 venezolanos.
Antecedentes oportunos
Acerca de la Ley de Registro de Antecedentes Penales, los diputados presentaron el proyecto de ley que arrojó 16 artículos, dos capítulos, una disposición derogatoria y una disposición final, que garantizaría el registro de antecedentes penales con la información necesaria, veraz y oportuna. Entre las innovaciones de esta ley figura la rectoría, que establece que el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp) tendrá entre sus atribuciones, definir la organización y funcionamiento de este registro, así como el desarrollo, manejo y funcionamiento de los archivos digitales y físicos.
La norma se adecúa a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos porque prevé la no discriminación e igualdad de género, el derecho a la confiabilidad y a la información. Pasaron 43 años hasta su actualización, ya que la antigua data del año 1979, y la AN la sancionó el pasado 12 de Julio.
Luego de sesenta años
Otra de las normativas presentadas por la Comisión de Política Interior durante este primer periodo es la Ley de Intérprete Públicos, que contempla 18 artículos, una disposición derogatoria y una disposición final; y tiene como objeto regular el ejercicio de la profesión del intérprete público para fortalecer la seguridad jurídica y velar por los derechos y garantías de las personas, especialmente en los trámites y procedimientos ante el Estado.
De igual forma, busca asegurar el reconocimiento y empleo de los idiomas oficiales en las traducciones e interpretaciones, incluyendo el castellano, los idiomas indígenas y la lengua de señas venezolanas. Este instrumento destaca que el Mpprijp será el órgano rector en materia de la profesión de intérprete público. Tuvieron que pasar 66 años para que la antigua, de 1956, fuera reformada definitivamente el pasado 17 de mayo.
Casi cien años de espera
La Ley de Archivos Nacionales, por su parte, consta de dos capítulos. El primero, con disposiciones generales, contiene ocho artículos. El segundo consta de cinco artículos. En total son 13 artículos y una disposición derogatoria. Su objeto es organizar, catalogar, digitalizar y difundir todos los documentos históricos de la Patria para el acceso democrático y la preservación de la identidad nacional. Una de sus innovaciones es crear el Sistema Nacional de Archivos. Pasaron 96 años de la antigua ley, la cual data del año 1926. La sanción de la reforma fue el 19 de julio.
En cuanto a la Ley de Sellos, de 10 artículos, una disposición derogatoria y una final, su objetivo es regular todo lo referente a los sellos oficiales de las instituciones y entes del Poder Público. Pasaron 65 de la reforma que sancionó la AN también en julio.
Entretanto, la Ley Derogatoria de la Orden Francisco Fajardo se enmarcó en los principios motivacionales del Preámbulo de la Constitución de la República y en los comienzos de un proceso de descolonización y dignificación de los antepasados que lucharon contra la barbarie imperial en suelo venezolano.
La contradictoria condecoración databa del año 1991. Con ella se celebraba la conducta y acciones de un genocida en contra de los pueblos ancestrales. Su derogatoria, sancionada el 30 de julio, rescata la dignidad y resistencia de los pueblos originarios que enfrentaron al invasor.
Así, la Comisión Permanente de Política Interior alcanzó en este primer periodo la sanción de ocho leyes. Para el próximo periodo, que inicia el 15 de septiembre, aspiran a la sanción de otras cinco leyes.
