| (video) Luisa Ortega Díaz: La seguridad de la Nación está en juego frente a la libertad de expresión |
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La máxima representante del Ministerio Público presentó una serie de propuestas para ser incluidas dentro del Proyecto de Ley Sobre Delitos Mediáticos que elabora la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación
Enrique Hernández / Prensa AN La seguridad de la Nación está en juego frente a la libertad de expresión, ya que la protección a la seguridad de la Nación constituye un valor constitucional que debe ser colocado frente a la libertad de expresión, debe prevalecer el de la seguridad del país, siendo su defensa responsabilidad de todos los venezolanos. Así lo expresó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, mediante un derecho de palabra en la plenaria donde presentó algunas consideraciones y propuestas a la Ley Especial Sobre Delitos Mediáticos que elabora la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación, que redundarán en beneficio para la colectividad. Por ello, el Ministerio Público propone: 1) Que se castiguen las acciones u omisiones desplegadas a través de los medios de comunicación que constituyan delitos, con el propósito de lograr el equilibrio y la armonía entre lo que tiene que ser la libertad de expresión y el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, así como el derecho a la seguridad interna de los ciudadanos. 2) Que se incluya una norma que les brinde protección a los periodistas frente a los propietarios de los dueños de esos medios para evitar que éstos les impongan escribir o decir hechos que no les constan o que no estén ocurriendo. 3) Que se castiguen aquellas conductas que atentan contra la paz social, la seguridad e independencia de la Nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental, la moral pública y que genere un clima de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social. 4) Que se castigue a las personas o dueños de medios que divulguen falsas noticias para producir una grave alteración a la tranquilidad pública, que causen pánico en la población o produzcan un perjuicio a los intereses del Estado. 5) Que se castigue a las personas o dueños de medios que manipulen o tergiversen la noticia con el propósito de transmitir una falsa percepción de los hechos o crear una matriz de opinión en la sociedad para alterar la paz social, la seguridad de la Nación, el orden público, la salud mental o la moral pública. 6) Que se castigue a los propietarios, directores, gerentes o responsables de los medios de comunicación social que empleen esos medios para amenazar, intimidar, coaccionar o de cualquier otra manera infundir miedo en la población. 7) Que se castigue cuando un medio de comunicación realice publicaciones o transmisiones destinadas a promover el odio, la hostilidad respecto a las personas, colectividades o instituciones en razón de su raza, sexo, religión, nacionalidad, ideología o militancia política. La Fiscal señaló que el auge que han tenido los medios de comunicación en las últimas décadas es de todos conocido, y agregó que la rapidez del avance y la penetración de los medios en los hogares, la familia y la sociedad ha sido gigantesca, pero que existen diversas disposiciones en la Constitución que están referidas a los medios de comunicación, una de ellas es la que regula la libertad de expresión y de información. Indicó que en base a esas disposiciones constitucionalmente está proscrita la propaganda de guerra, los mensajes discriminatorios que persigan excluir o fomentar el odio entre las personas por razones de sexo, raza, credo o condición social, así como los mensajes que promuevan la intolerancia religiosa, lo que legitima penalmente al Estado para sancionar y castigar esas conductas desplegadas en los medios. La Carta Magna también consagra el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, pero que los mismos deben encontrar un límite que permita el desarrollo pleno de los derechos de los cuales son titulares los demás ciudadanos. Asimismo, dijo que además de ese precepto de la Carta Magna existe una sentencia de la Sala Constitucional, la Nro. 1942 del 15 de julio del 2003 sobre la libertad de expresión e información, lo cual sirve de fundamento para legislar y sancionar la conducta o actuaciones a través de los cuales se utilice un medio de comunicación o éste coadyuve para efectuar ataques a la seguridad e independencia de la Nación, al orden público, que realice propaganda de guerra o las que produzcan efectos posteriores que afecten la salud psíquica o mental de los ciudadanos o de las personas. Agregó que en la sentencia se consideró que a través de los medios de comunicación se puede debilitar las instituciones del Estado con propósitos particulares, lo que permite legislar para regular la conducta de los medios de comunicación o sus dueños, así como a todas las personas que trabajen en ellos para penalizar ciertas conductas. También considera que los medios de comunicación no pueden ser utilizados para cometer hechos punibles ni tampoco para coadyuvar en su comisión, no pueden generar intranquilidad ni alteración a la paz social ni pueden generar un clima de inseguridad ni sensación de impunidad. Afirmó que los medios de comunicación deben cumplir una función educativa como lo establece la Constitución en los artículos 101 y 108, además, aparte de educar, los medios deben colaborar junto con el Estado en la prevención del delito. Es necesario regular la actividad de los medios de comunicación, que deben colaborar con el Estado en la tarea de la prevención del delito, así como también en la tarea de la educación. Afirma que la realidad social y jurídica de Venezuela y el manejo por parte de los medios de comunicación de determinadas noticias y la utilización de los mismos para la defensa de los intereses de un grupo en detrimento de los derechos de un colectivo, advierten la amenaza de nuevas formas de criminalidad capaces de alterar la salud mental, debilitar, atentar fundamentos de la seguridad que incrementan el clima de inseguridad. Ante esas nuevas formas de criminalidad que puedan cometerse a través de los medios de comunicación, el Estado tiene la obligación de prevenir y debe actuar para sancionar esas conductas mediante la sanción de leyes penales, por lo que es necesario regular la actividad y brindar una protección apropiada a la ciudadanía, donde los ciudadanos lucen indefensos ante el uso irracional del poder que actualmente tienen los medios. El ejercicio abusivo de la libertad de expresión e información donde precisamente se utiliza a los medios de comunicación social en sus diversas formas como instrumentos para la perpetración de delitos que puedan lesionar bienes jurídicos tanto individuales como colectivos, siendo necesario legislar sobre esa materia. La libertad de expresión no puede ni debe ser entendida como la posibilidad que a través de un medio de comunicación masivo se transmitan mensajes de odio, que induzcan a la guerra, o que se cometan delitos y no exista una sanción para ello, por lo que no se puede avalar ni ser cómplice de los medios de comunicación que no tengan un límite porque atenta contra la seguridad de la nación. Al reiterar que está en juego la seguridad de la nación frente a la libertad de expresión, ya que constituye un valor constitucional la protección a la seguridad de la Nación y ese valor, al ser colocado frente a la libertad de expresión, debe prevalecer el de la seguridad del país, siendo su defensa responsabilidad de todos los venezolanos. Igualmente, indicó que toda expresión que busque debilitar a la Fuerza Armada y los órganos de seguridad ciudadana como elementos de la seguridad de la Nación puede producir responsabilidades legales. Finalmente, la fiscal Ortega expresó que es necesario legislar sobre esa materia, es necesario que el Estado regule la libertad de expresión, no está planteando que se vulnere la libertad de expresión ya que en un Estado democrático social y de justicia como el de Venezuela, se respeta la libertad de expresión en el marco de los derechos de todas las personas.
Derecho de palabra, Fiscal General Luisa Ortega Díaz. Foto: Cristóbal Hernández
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