Periodista: Zorayda León / Fotografía: Pedro Corredor
El Parlamento manifestó este martes su respaldo a la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, que lanzó el pasado lunes la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, con el objetivo de recoger propuestas de diversos sectores del país para fortalecer el sistema judicial venezolano.
En tal sentido, la Plenaria del Parlamento aprobó el acuerdo que presentó la diputada María Gabriela Vega (PSUV/La Guaira), quien justificó las razones por las que se emprende la consulta para la reforma del sistema de justicia penal.
Indicó la parlamentaria que la reforma no es un debate académico, sino una deuda estructural con el pueblo, que no puede esperar más ante la lentitud, desigualdad, y abusos, que fracturan la confianza.
Refirió que el retardo procesal es una condena anticipada, que se ensaña con los más vulnerables, "la justicia que llega tarde, deja de ser justicia", agregó Vega.
Considera vital agilizar los procesos con la tecnología y el fortalecimiento de los tribunales con instrumentos jurídicos, como la reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia.
Participación del pueblo
La reforma de justicia penal se debe perfeccionar teniendo en cuenta la voz del pueblo, enfatizó la asambleísta, agregando que el pueblo representa el pilar fundamental para la conversión de la paz definitiva por la patria, con la presencia plena de la justicia y la equidad.
Igualmente exhortó a todos los sectores, universidades, instituciones, ciudadanos, gremios de abogados, trabajadores, mujeres, campesinos, a participar en las mesas de trabajo y respaldar los nueve ejes estratégicos de la reforma de la justicia penal.
Estos ejes estratégicos, explicó, comprenden el impulso a la justicia por el Ejecutivo Nacional, que abarca la celeridad procesal, la transparencia, la humanización penitenciaria y la contraloría social, para consolidar la ruta hacia un sistema libre de vicios, consustanciado con los intereses de la nación.
Justicia social
El acuerdo señala el principio constitucional de que la justicia es un derecho fundamental y un pilar esencial del estado de derecho y de justicia que garantiza a los ciudadanos una tutela judicial efectiva, expedita, y de calidad, y sin dilaciones internas.
Además señala, que el buen funcionamiento del sistema de justicia penal venezolano es indispensable para salvaguardar la paz social, los derechos humanos y la seguridad jurídica y ciudadana, al igual que la confianza en las instituciones.
