Periodista: Charles Delgado / Fotografía: Willmer Tovar
Parlamentarios de diferentes comisiones permanentes participarán, el próximo viernes, en el despliegue que iniciarán los órganos de justicia por todo del país. Así se conoció este miércoles durante la reunión que se celebró en el Palacio Federal Legislativo con representantes de las instituciones con competencia en la materia.
El evento fue coordinado por el vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y Paz, ministro Diosdado Cabello Rondón, en compañía del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Pedro Infante (PSUV/Miranda), y las principales autoridades del sistema de justicia venezolano.
Por su parte, Cabello Rondón detalló que el despliegue comenzará en la región central (Miranda, Aragua y La Guaira), y occidental del país (Falcón, Zulia, Lara y Táchira).
La jornada busca atender, exhaustivamente, a la población de privados de libertad en todos los centros penitenciarios del país, como parte del proceso de transformación del sistema de justicia qué impulsa la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.
Optimización procesal y balances
Durante la actividad, el ministro Cabello expuso los indicadores estructurales de la situación actual de los centros de detención en el territorio nacional. Subrayó que se contabiliza una población de 58 mil 714 privados de libertad, en 2026.
Agregó que del total general, se identificó un universo de 12 mil 425 ciudadanos que registran más de dos años de detención sin sentencia firme, "...condición que constituye la tarea inmediata a resolver mediante la articulación de las comisiones judiciales en las regiones", acotó.
El ministro resaltó la disminución progresiva, en comparación con el año 2021, período en el cual la cifra total de privados de libertad se ubicaba en 83 mil personas.
Igualmente, indicó que el informe técnico atribuye este descenso a las políticas operativas implementadas en las fases previas, las cuales permitieron una reducción superior a 40 % del personal recluido en los centros de detención preventiva, mediante la revisión detallada de causas penales menores y la corrección de retardos procesales.
Asimismo, dijo que cerca del 70 % de la población recluida en la actualidad recibe asistencia legal directa a través de los defensores de la Defensa Pública, instancia que asume la representación jurídica ante la insolvencia económica de los procesados.
Control y articulación regional
Sobre el plan de despliegue, pautado para iniciar formalmente este viernes, 12 de junio, en ocho estados, informó que se establece la conformación de mesas técnicas, integradas en cada localidad por los fiscales superiores, jueces, representantes de la Defensoría del Pueblo, delegados ministeriales y cuerpos policiales.
Cabello Rondón señaló que esta estructura conjunta tendrá la responsabilidad de agilizar las rutas de trabajo, ubicar expedientes faltantes, y ejecutar las decisiones correspondientes bajo las garantías consagradas en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Indicó el retiro formal de 28 mil 314 funcionarios policiales, en el ámbito nacional, debido a la comisión de faltas vinculadas a prácticas corruptas.
Asimismo, dijo que las autoridades informaron que la tasa de criminalidad del país se sitúa en 1.2 asesinatos por cada 100 habitantes, respaldada por la instalación de sistemas de cámaras y el establecimiento de circuitos comunes y programas de prevención comunitaria en el territorio.
Invitó a las fracciones de los partidos de oposición a sumarse a las jornadas de supervisión institucional en los centros de reclusión. Aclaró que el mecanismo no contempla medidas de impunidad frente a la comisión de delitos, sino la aplicación estricta de los principios de celeridad, debido proceso y proporcionalidad de las penas establecidas en el ordenamiento jurídico vigente.
