Periodista: Luis Eduardo Villalta Quevedo / Fotografo: Julio Domingo Rojas Lamón
Prensa AN
La nueva Ley para la Promoción, Prevención y Tratamiento de las Infecciones de Trasmisión Sexual no impactará económicamente a la nación. Así se conoció durante el foro sobre la iniciativa legal que se efectuó este jueves en el salón Bicentenario del Palacio Federal Legislativo.
El diputado Eduardo Puerta (PSUV/Guárico) informó que el informe para la segunda discusión del proyecto de ley será aprobado a finales de abril y aspiran a que sea inmediatamente sometido a la consideración de la Cámara Plena.
El parlamentario indicó que en breve iniciarán la consulta pública nacional de esta propuesta de ley que derogará la que la vigente, que data de 1941, unos 81 años de antigüedad.
Explicó que para la consulta se activará la Brigada 256, conformada por todos los diputados del Bloque de la Patria, en las cinco regiones del país, los llanos, los andes, occidente, oriente y la región central para discutir la materia en jornadas de parlamentarismo de calle.
Puerta resaltó que la ley la está trabajando la comisión mixta integrada por las comisiones permanentes de Desarrollo Social Integral, de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación y la de las Familias, la Libertad de Religión y Cultos.
Para la consulta tienen previsto realizar una presentación didáctica, digerible, dirigida especialmente a los jóvenes, para empoderarlos del conocimiento sobre la sexualidad, además de resaltar el carácter educativo, preventivo, atención, manejo e identificación de las enfermedades de transmisión sexual y el tratamiento que le está dando el Estado venezolano.
El diputado señaló que el número de contagios de Virus de Papiloma Humano (VPH) se ha elevado en Venezuela, lo que ha aumentado el índice de mortalidad en las mujeres con cáncer de útero y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), además de otras enfermedades como sífilis, gonorrea, infecciones estreptocócicas y gonococo.
El foro "Proyecto de Ley para la Promoción, Prevención y Tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual" contó con la participación de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada América Pérez (PSUV/ Nueva Esparta), la presidenta de la Comisión de las Familias, diputada Asia Villegas (PSUV/Nacional), el presidente de la Comisión de Ciencia, diputado Ricardo Sánchez (AC/Nacional), el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, diputado Rodolfo Crespo (PSUV/Miranda), y los integrantes de la instancias parlamentarias.
La diputada Perez puntualizó que existe la voluntad política de la Directiva del Parlamento Nacional para impulsar y profundizar las consultas nacionales y que las leyes sean conocidas desde la primera discusión hasta su proceso de aprobación.
Subrayó que los parlamentarios tienen una responsabilidad constitucional “no es sólo aprobar normativas, también deben generar agendas permanentes de trabajo legislativo para hacer seguimientos, acompañamiento y contraloría en la aprobación de las instrumentos jurídicos que beneficien al poder popular", dijo.
El panel de sensibilización fue conformado por los sexólogos Fernando Bianco y Ender Boscán; los psicólogos Eduardo García y Gabriela López, el infectólogo Miguel Morales, las investigadoras del Instituto Venezolano de Investigaciones Científica (IVIC) María Correnti y María Eugenia Cavazza, y por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), Yolimar Gil.
Los ponentes resaltaron que la planificación, educación, prevención, deberes, derechos en salud sexual reproductiva y familiar, son elementales para prevenir las enfermedades o infecciones de transmisión sexual.
Este proyecto de ley, aprobado en primera discusión en la Plenaria de la AN del pasado 14 de febrero, "...es una propuesta actual, libre de miedos, prejuicios y estigmas; garante de la igualdad, del
respeto, la confidencialidad, la no discriminación y el trato digno", reza el texto.
Igualmente, señala que la ley está enfocada en la
educación, la formación y la capacitación, la prevención, el reconocimiento y la
corresponsabilidad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones
del Estado y la Sociedad en la promoción, atención, tratamiento y protección de la salud
ante el riesgo permanente de las infecciones transmitidas sexualmente.
