Zorayda León / Foto: Wiston Bravo / Prensa AN
El diputado Ramón Lobo denunció este martes durante la Plenaria de la Asamblea Nacional que el pasado 5 de mayo, en La Azulita, municipio Andrés Bello del estado Mérida, la alcaldesa María Villasmil intentó apropiarse indebidamente de una mezcladora del Consejo Comunal “Eladio Moreno”, e incitó al saqueo de un galpón de la Misión Vivienda.
La Directiva de la AN instó al parlamentario a remitir el caso a la Comisión Especial que Investiga los Casos de Violación de Derechos Humanos en el país, presidida por el diputado Ricardo Molina, donde la alcaldesa deberá consignar todas las pruebas fundamentadas de los hechos denunciados.
Lobo señaló que la posición que viene asumiendo la alcaldesa María Villasmil está fuera del orden constitucional y recordó que esta, al quedar electa para el cargo pretendió tomar a la fuerza la emisora comunitaria La Azulita 107.3 FM, que opera en la zona.
El diputado calificó la actuación de la funcionaria como un ataque sistemático a los símbolos de la Revolución Bolivariana, sobre todo los relacionados con la comunicación, el Poder Popular y la vivienda.
Responsabilizó al obispo auxiliar de Mérida, Luis Rojas Ruiz, de haber hecho un pronunciamiento manifestando empatía con estas acciones y pertenecer al mismo grupo que pidió que se mantuvieran las sanciones contra Venezuela, además de ser copartícipe de las agresiones a la FANB durante las emergencias ocurridas recientemente en el Valle de Mocoties, ubicada en el estado Mérida.
Violencia a campesinas
En otro orden, el diputado Ángel Ocanto denunció la situación que se generó en la población del municipio Turén, del estado Portuguesa, donde fueron despojadas de sus parcelas tres mujeres productoras, por lo que pidió al Ministerio Público y a todos los órganos con competencia resguardar la integridad de las agraviadas.
Relató que a pesar de que estas personas, para el momento de los hechos tenían en sus manos los títulos de propiedad de sus tierras, fueron sometidas por 16 hombres armados para sacarlas de sus predios con una orden de desalojo.
Ante el hecho, la Directiva de la AN orientó presentar la denuncia ante la Comisión de Desarrollo Social Integral con todos los elementos probatorios.
