El diputado Rigel Sergent (PSUV/Dtto. Capital) alertó este martes sobre algunas distorsiones en el mercado inmobiliario impulsadas por usuarios en redes sociales.
Durante una entrevista en La Iguana TV, el parlamentario, quien integra la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura, explicó que suscriptores de plataformas digitales promocionan inmuebles con incrementos superiores al 100 %.
Sergent sostuvo que, ante esta situación, y para frenar la mercantilización de la tragedia, la Asamblea Nacional debate los proyectos de Reforma Parcial de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria y de Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda.
Asimismo, recordó que el Ejecutivo planteó la adquisición de viviendas en el mercado secundario, por parte del Estado, e indicó que existen precedentes favorables de compra directa de inmuebles a precios por debajo del promedio del mercado mediante la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), el Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Vargas.
Diagnósticos estructurales
El diputado abordó las matrices de opinión surgidas sobre el uso de anime para la construcción de viviendas de la GMVV, aclaró que ese material se utiliza simplemente como relleno y no constituye un elemento estructural. Además, detalló que estas edificaciones registran apenas un 5 % de afectación, en comparación con un porcentaje más alto observado en el sector privado.
Como integrante de la Comisión de Evaluación, precisó que se ha trabajado conjuntamente con técnicos, ingenieros especialistas y brigadas que atienden a diario las solicitudes tramitadas por las comunidades mediante la aplicación VenApp, salvo en sectores con labores permanentes por resultar particularmente afectados.
De acuerdo con un diagnóstico preliminar por estados, Sergent calculó que en el Distrito Capital alrededor del 20 % de las estructuras evaluadas se encuentra en etiqueta roja, mientras que el 60 % se sitúa en categoría verde.
Respecto al temor de la ciudadanía ante la posible demolición de sus viviendas, explicó que, según el procedimiento técnico y el semáforo de habitabilidad, la etiqueta roja no implica necesariamente una demolición inmediata, sino la necesidad de realizar un estudio profundo en el que un trabajo simple de albañilería resulta insuficiente.
Detalló además que, en el estado La Guaira, las cuadrillas —con la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Protección Civil, voluntarios y familias organizadas— continúan la remoción de escombros bajo protocolos de seguridad para rescatar cuerpos y brindar dignidad a las víctimas antes de proceder con cualquier demolición.
Sergent enfatizó que la premura por edificar, a menudo, lleva a ignorar la planificación urbana, razón por la cual actualmente también se evalúa el año de construcción de las obras y el cumplimiento de las normativas vigentes, con el fin de determinar las causas de los colapsos estructurales y prevenir fallas futuras.
Para finalizar, desestimó las posturas que afirman la imposibilidad de construir en ciertas zonas, e insistió en que la clave reside en el respeto a las normas técnicas y los estudios de suelo para garantizar edificaciones sismorresistentes.
