Periodista: Prensa An /
Un grupo de parlamentarios del quinquenio 2016-2021 de la Asamblea Nacional usurpó funciones, conspiró, traicionó y se asoció para delinquir contra la patria, señala el informe preliminar de la Comisión especial para investigar las acciones perpetradas contra la República.
Los 28 diputados de la Comisión especial señalan que durante los últimos cinco años, utilizaron su investidura para la destrucción del país aliándose a “un entramado de corrupción apoyado internacionalmente”.
El informe preliminar de la investigación, presentado en la plenaria del 04 de marzo, señala que no hay precedente histórico comparable a estos hechos en nuestra historia republicana. Asimismo, que no hay país en el mundo con bloqueos y sanciones que cuenten con el apoyo del Poder Legislativo.
Precisa que fueron ejecutados 177 actos legislativos para propiciar un cambio de Gobierno, los cuales causaron un daño al estado de bienestar social de la población.
La metodología
La Comisión Especial, conformada por 28 parlamentarios de diversas tendencias políticas, recopiló testimonios y documentos; asimismo, comparó hechos y declaraciones públicas del ejercicio legislativo 2015-2021.
Del arqueo surgió una cronología de los actos legislativos que las diferentes directivas ejecutaron durante este período para precisar cada una de las violaciones que fueron cometidas por dicha legislatura.
Sobre esta base se establecen responsabilidades políticas, administrativas y penales que serán aportadas a los órganos competentes del Estado. También se cuantificaron los daños materiales, patrimoniales, políticos, sociales, económicos y morales.
Autoproclamación, injerencia y trama corrupta
La Comisión, dirigida por el diputado José Brito, destaca como un acto sin precedentes y violatorio de la Constitución el establecimiento de un gobierno paralelo de autoproclamación para derrocar al Presidente legítimo.
Se señalan también como violatorias las actuaciones de los diputados que solicitaron la intervención de instancias internacionales en asuntos internos del país.
Designaron una junta administradora ad-hoc para Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Pequiven y su filial Monómeros Colombo Venezolanos, igualmente en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y el Banco Central de Venezuela (BCV), con el objetivo de apropiarse de los activos y fondos de Venezuela en el exterior, depositadas en bancos extranjeros.
Para esta maniobra designaron un “procurador especial” que se prestó para el despojo de activos. También designaron supuestos funcionarios “en el exilio” como un contralor general, una fiscal general, magistrados y embajadores ante países aliados con la agresión contra Venezuela.
Mencionaron igualmente la supuesta Ley de Amnistía para civiles y militares que les serviría para deslindarse de los delitos cometidos en acciones de desestabilización pasados y futuros.
Estos actos, señala el informe, estuvieron destinados a subvertir el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, destruir el sistema de Gobierno Republicano y debilitar la economía.
Derechos humanos vulnerados
La comisión resalta cómo el bloqueo económico produjo la imposibilidad del Estado de importar alimentos, medicinas e insumos para los servicios de salud.
También el impedimento para obtener divisas, con efectos en el sistema productivo, afectando el empleo y otros derechos fundamentales como el de la alimentación, salud, educación y vivienda.
Continúa la flagrancia
La comisión denuncia en su informe que los hechos que contribuyen de manera consecutiva al daño patrimonial de la Republica continúan en progreso y sigue en ejecución la flagrancia persistente de actos inconstitucionales.
Ante la situación exhortan a la Fiscalía General y Contraloría General de la República a tomar las medidas urgentes para evitar que se sigan cometiendo los actos de usurpación de las funciones de la AN y demás Poderes Públicos.
Actualmente la Comisión Especial cumple una prórroga de 45 días, otorgada por la plenaria el 4 de marzo, para concluir sus investigaciones y ha solicitado la comparecencia de 55 ciudadanos involucrados en los hechos irregulares.
Solicitan que se hagan públicos los resultados de la investigación para que Venezuela y el mundo conozcan la verdadera causa de la situación económica y fiscal de la República, para determinar responsabilidades ante la justicia.
FIN/Prensa AN
