Zorayda León / Prensa AN
La Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación acordó este miércoles establecer los enlaces necesarios con las comisiones especiales que investigan los casos de excesos policiales a objeto de frenar el ataque contra los comunicadores populares y líderes comunitarios.
Así lo informó la segunda vicepresidenta de la comisión, diputada María Carolina Chávez, durante la reunión ordinaria de la instancia parlamentaria que recibió el caso de “La Guacamaya TV”, donde perdieron la vida dos trabajadores de la televisora, producto de conductas desmesuradas por parte de funcionarios de seguridad de Estado, hechos que se registraron en 2020 en Zulia.
En este sentido, Franklin Torres, padre de una de las víctimas y director de la televisora, solicitó que se investigue lo pertinente y sean restituidos los equipos que fueron sustraídos en el procedimiento para activar la señal de este medio comunitario.
La comisión trató también el caso de un líder comunitario ajusticiado presuntamente por funcionarios de un cuerpo policial el pasado fin de semana en la parroquia Antímano, de Caracas. Al respecto, la diputada Chávez dijo que anteriormente estas situaciones eran calificadas como colombianización, “pero es una uribización, porque realmente es un plan para descomponer el Estado y tomar el control del país, por lo que la Comisión Especial para la Justicia seguirá vigilando que el sistema judicial sea depurado de los vicios que se han instaurado”, apuntó.
Acerca de estas acciones de abuso policial, explicó que son individuales, de funcionarios que actúan por razones propias, o porque forman parte de un plan, y en tal sentido anunció que desde la comisión harán los enlaces con otras comisiones para combatir esta situación. “Si hay que citar a alguien hay que citarlo, si hay que interpelar lo interpelamos, por lo pronto estamos haciendo esta revolución judicial que ordenó el presidente Nicolás Maduro y que es un gran paso para frenar el proceso de ataque desmedido”, comentó la parlamentaria.
Po su parte, el diputado Ricardo González propuso la creación de un observatorio popular de la justicia para conocer las acciones de los cuerpos policiales y generar condiciones para la reforma del sistema de justicia, así como un control por parte del Estado de la elaboración y uso de prendas militares y policiales.
Finalizó el debate la diputada Luisa Rodríguez, quien se comprometió a enlazar con la Comisión Permanente de Política Interior y las comisiones especiales creadas para investigar las acciones violentas contra el Poder Popular, a fin de elevar todas las denuncias que recibe esta instancia relacionadas a excesos y abusos de los cuerpos de seguridad del Estado.
