Periodista: Luis Villalta / Fotografía: Pedro Corredor
La Comisión Permanente de Administración y Servicios avanza en el diseño de un tabulador para regular las tarifas que cobran los estacionamientos en el país, informó el diputado José Gregorio Correa (AD/Nacional).
El parlamentario, a cargo de la segunda vicepresidencia de la mencionada comisión, anunció que también está prevista la implementación de nuevas modalidades de supervisión para frenar el cobro indiscriminado de tarifas planas y la privatización ilegal de los espacios públicos.
Denunció que los usuarios se están viendo obligados a pagar hasta seis y ocho dólares por un servicio de estacionamiento breve. Asimismo, calificó como un desangre las multas arbitrarias que imponen estos establecimientos por concepto de extravío del ticket, que oscila hasta los 40 dólares.
Alcance del tabulador
Al desglosar el alcance del tabulador, Correa especificó que la "Tarifa tipo A" se aplicará en Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Zulia, Nueva Esparta, Bolívar y Lara.
El esquema de precios propuesto para estas regiones contempla un valor de dos dólares por una hora, cuatro dólares hasta dos horas, un tope diurno de cinco dólares a partir de la tercera hora en adelante, y una tasa fija de 10 dólares por el servicio de pernocta.
El diputado recordó que existen normativas vigentes de Sencamer, como el uso de sistemas tecnológicos de luces para guiar al conductor, que actualmente son ignoradas por las empresas tercerizadas que administran cerca del 70 % de estos recintos.
Grúas indiscriminadas
Alertó sobre el accionar irregular detectado en los estacionamientos destinados a la guarda y custodia de vehículos vinculados a investigaciones o accidentes. Indicó que las tarifas en estos lugares oscilan entre 60 y 80 dólares diarios, provocando deudas que superan el valor real de los automóviles.
Correa reprochó la "competencia contra el reloj" que mantienen ciertas grúas municipales para remolcar vehículos con el único fin de lucrarse mediante porcentajes compartidos, llegando al extremo de sancionar de forma indiscriminada a ciudadanos estacionados en las adyacencias de centros de salud y clínicas en situaciones de emergencia.
Precisó que la solución definitiva a este conflicto de servicios no derivará en la creación de una nueva ley, sino en un exhorto institucional de obligatorio cumplimiento bajo el amparo de las normas constitucionales.
Vías públicas
Otra de las problemáticas evaluadas por la comisión técnica de la AN es la proliferación de personas que privatizan las calles de las principales ciudades del país mediante el cobro informal de tarifas bajo la figura de "bien cuidados".
El asambleísta colocó como ejemplo zonas críticas de Caracas que van desde El Rosal y Sabana Grande, hasta el eje que conecta La Hoyada con la esquina de Pajaritos.
Aclaró de forma tajante que la intención del Parlamento no es criminalizar el trabajo informal de estos ciudadanos, sino articular esfuerzos con las autoridades municipales y los cuerpos policiales para restablecer el orden y evitar cobros extorsivos en los espacios del Estado.
Consenso parlamentario
El diputado destacó la madurez política reflejada en las recientes sesiones del Parlamento nacional. Expresó que temas de alta sensibilidad institucional, como la reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la defensa irrestricta del territorio Esequibo, fueron aprobados por absoluta unanimidad en la Plenaria.
Aseguró que la postura del Estado sobre el suelo esequibo cuenta con un sólido respaldo jurídico e histórico sustentado desde 1777 y ratificado en el Acuerdo de Ginebra de 1966, demostrando que la soberanía territorial no responde a intereses políticos, sino a un sentimiento profundamente nacional.
Reforma judicial
En referencia al fortalecimiento del sistema judicial, el parlamentario ponderó positivamente las modificaciones hechas a la Ley del TSJ, haciendo especial énfasis en la Inspectoría General de Tribunales.
Explicó de manera pedagógica que esta instancia debe funcionar como un policía de calle para el ciudadano común, sirviendo de auxilio directo ante situaciones de retardo procesal, fallas de atención o irregularidades con los expedientes en las sedes judiciales.
Recalcó que es completamente lógico que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la Escuela Nacional de la Magistratura y la Inspectoría dependan de la estructura del TSJ para garantizar un engranaje administrativo eficiente.
