Periodista: Dinorat Menessini / Fotografo: Wiston Bravo
La Asamblea Nacional (AN), en sesión ordinaria de este martes, sancionó la Ley de Intérpretes Públicos. La nueva norma legal fue remitida al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación.
La normativa legal, aprobada en segunda discusión por unanimidad, tiene por objeto regular el ejercicio de la profesión de intérprete público para fortalecer la seguridad jurídica y velar por los derechos y garantías de las personas, especialmente en los trámites y procedimientos ante el Estado.
Esta ley, que derogará a la vigente norma, consta de 18 artículos, una disposición derogatoria y una disposición final. Además tiene como propósito establecer los requisitos y condiciones para el ejercicio de la profesión de intérprete público, respaldando la exactitud y fidelidad de las traducciones e interpretaciones en los trámites ante el Estado.
De igual forma, busca asegurar el reconocimiento y empleo de los idiomas oficiales en las traducciones e interpretaciones, incluyendo el castellano, los idiomas indígenas y la lengua de señas venezolana. Asimismo prever los medios de supervisión del Estado para que la profesión del intérprete público sea ejercida conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El texto legal se rige por los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Asimismo, la ley pretende actualizar todo lo concerniente al ejercicio de la profesión de intérprete público con el fin de fortalecer la seguridad jurídica en cuanto a los trámites y procedimientos ante el Estado, así como salvaguardar los derechos de todas las personas.
El nuevo texto jurídico enmarca su contenido conforme a los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a desarrollar un contenido en condiciones de igualdad de derechos sin distinción de raza, color, linaje, sexo credo, condición social, entre otros derechos. El enfoque social está dirigido a la igualdad de género, todo ello desarrollado en los primeros cinco artículos, acompañado de las distintas definiciones que se establecen para un mayor entendimiento de este instrumento jurídico.
La norma jurídica destaca que el Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz será el órgano rector en materia de la profesión de intérprete público.
