Dinorat Menessini C/ Wiston Bravo
Durante la sesión ordinaria de este martes, la Asamblea Nacional (AN) sancionó la Ley de Registro de Antecedentes Penales, la cual se adecúa a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos porque prevé la no discriminación e igualdad de género, el derecho a la confiabilidad y el derecho a la información.
Durante la segunda discusión, artículo por artículo, se conoció que el objeto de esta ley es regular el registro de antecedentes penales a los fines de garantizar los derechos de las personas y el adecuado funcionamiento del sistema de justicia, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), los tratados internacionales suscritos y ratificados por la nación y demás leyes.
La norma, que contempla 16 artículos, dos capítulos, una disposición derogatoria y una disposición final, garantiza también que el registro de antecedentes penales cuente con la información necesaria, veraz y oportuna.
En cuanto a la rectoría, establecida en el artículo 12, la referida ley indica que el Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, tiene entre sus atribuciones, definir la organización y funcionamiento del registro de antecedentes penales, así como el desarrollo, manejo y funcionamiento de los archivos digitales y físicos.
Otra de las atribuciones del ministerio con competencia es establecer y desarrollar formas de interacción y coordinación entre los órganos y entes del Estado que deben suministrar información al registro de antecedentes penales, así como garantizar la veracidad, actualización y fidelidad de la información contenida en los registros de antecedentes penales.
El presidente del Parlamento Nacional, diputado Jorge Rodríguez, expresó que la ley vigente data de 1979 y es una norma preconstitucional y obsoleta frente a las realidades actuales en materia de justicia. Por tal razón, resaltó que la nueva Ley de Registro de Antecedentes Penales tenderá a proteger los derechos humanos y el respeto a las personas.
