Periodista: Carlos Morillo /
La Asamblea Nacional (AN) recibió este miércoles el Informe Anual de la Contraloría General de la República (CGR) correspondiente al año 2021. Durante el acto, la máxima autoridad del órgano contralor, Elvis Amoroso, anunció que próximamente acudirá al Ministerio Público para solicitar el inicio de las investigaciones sobre los hechos de corrupción de la gestión de Juan Guaidó y los diputados del periodo anterior.
El también presidente del Consejo Moral Republicano recordó que las denuncias contra Guaidó y los diputados que le acompañaron, se han presentado ante instancias internacionales con base en los documentos de la investigación que ha trabajado su despacho para dar comienzo al proceso judicial.
Acerca de la CGR dijo que se realizó un trabajo incansable en la lucha contra la corrupción y la fiscalización en el país, teniendo como premisa que el control previo es lo que garantiza el combate contra el flagelo.
Destacó que recientemente la AN aprobó la reforma parcial de la Ley contra la Corrupción, cuyo objetivo es establecer los principios, deberes y derechos que permitan prevenir la corrupción administrativa y que se deben centrar los esfuerzos en prevenirla, Subrayó que esta es una de las 19 leyes que presentó la CGR ante el Parlamento Nacional el año pasado.
Detalló que la CGR realizó 21 mil 540 actuaciones fiscales, 472 multas, 234 mil análisis de declaraciones juradas de patrimonio, 179 inhabilitaciones, 235 reparos, 7 mil 575 inspecciones directas, para un balance total de 264 mil 460 actuaciones.
Presentó un dosier de acciones de lucha contra la corrupción e inspecciones destacando las realizadas en el arco minero, estaciones de servicios de combustibles, aeropuertos nacionales, empresas del servicio de gas en los diferentes municipios del país, mercados municipales y grandes cadenas de supermercados. Se refirió a la supervisión e inspección en los diferentes complejos petroquímicos del país, los Bolipuertos y empresas socialistas de cemento.
Finalmente, Amoroso recordó que la participación y colaboración de la ciudadanía en la definición de las políticas públicas constituye un gran valor para prevenir y luchar contra la corrupción y que la sociedad constituida es un agente más de lucha contra este mal, “es una gran aportación que exige el compromiso de la administración para facilitar esta colaboración”.
