Periodista: Dinorat Menessini / Fotografo: Wiston Bravo
La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves, en primera discusión, el Proyecto de Ley para las Trabajadoras y los Trabajadores con Discapacidad, cuyo objetivo es apoyar y garantizar la justicia social, la inclusión, protección, defensa y atención integral del sector.
El proyecto de ley fue presentado por el diputado Emilio Colina, integrante de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, quien indicó que el propósito del texto legal es continuar complementando las herramientas del Estado en la aplicación de políticas públicas orientadas al trabajo digno, productivo y liberador de las personas con discapacidad.
Colina refirió que entre los beneficios de esta ley destacan la integración plena al trabajo de las personas con discapacidad, con justicia y dignidad; la inamovilidad laboral ante cualquier accidente laboral y el goce de una política pública permanente como lo establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Reiteró que la ley es inclusiva, dignifica, humaniza, y coloca a Venezuela a la vanguardia en el compromiso que tiene el Estado con los más vulnerables en la defensa de los derechos humanos.
Al respecto, el diputado Omar Ávila, en representación del Bloque Parlamentario de Oposición, señaló que gracias a este tipo de leyes se construye un camino de inclusión para lograr un mundo mejor. Sugirió la actualización de la data sobre las personas con discapacidad en el país y para tal efecto planteó que se habiliten los mecanismos necesarios en la página Patria.
Por su parte, la diputada María Gabriela Vega indicó que la ley les da oportunidad, a las personas con discapacidad, de tener un trabajo digno con independencia y libertad social. Resaltó que la Revolución Bolivariana avanza cada día en la lucha por los derechos del sector.
Al concluir el debate, el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, subrayó que las leyes no deben convertirse en un saludo a la bandera. Exigió su aplicación en los diferentes espacios laborales e insistió en que sea un instrumento blindado. Exhortó a la consulta pública y recalcó que la norma tiene que ser respetada por los patronos. “Deben existir todas las condiciones establecidas en la legislación para que las personas con discapacidad puedan laborar”, culminó.
