Periodista: Mayerlin Carolina Gonzalez Gonzalez / Fotografo: Willmer José Tovar Velásquez
Durante la Plenaria de este jueves, la Asamblea Nacional (AN) aprobó 26 artículos de la Ley Especial de Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas, cuyo objetivo es regular la relación de quienes participan en la producción agraria.
Durante la segunda discusión de este proyecto de ley, el diputado José Gregorio Colmenares (PSUV/Nacional) solicitó diferir el debate a fin de que la Comisión Permanente de Desarrollo Integral revise, considere y mejore el desarrollo de los párrafos.
Vale mencionar que la Ley Especial de las Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas fue aprobada en primera discusión el 8 de noviembre de 2022, con lo cual la AN busca reivindicar el proceso social del trabajo agrícola como elemento fundamental para el desarrollo de la nación.
La propuesta de ley establece que las trabajadoras y trabajadores agrícolas son aquellas personas que prestan sus servicios en una unidad de producción, en actividades que sólo pueden cumplirse en el medio rural. En tal sentido, no se considera así a quienes realicen labores de naturaleza industrial, comercial o de oficina, aun cuando las ejecuten en una unidad de producción agrícola.
Sobre los contratos laborales se establece en el artículo 10, un contrato agrícola temporal cuando la relación laboral se origina en necesidades de aprovechamiento, de carácter cíclico o estacional, o por procesos temporales propios de la actividad agrícola. El contrato agrícola temporal tendrá los mismos efectos y garantías que el contrato a tiempo determinado.
En este sentido, el contrato de trabajo agrícola ocasional será aquel cuyas jornadas o faenas sean convenidas por jornadas previas a su realización. Las trabajadoras jornaleras y los trabajadores jornaleros se considerarán comprendidos en esta modalidad, salvo cuando su labor tenga las características del trabajo agrícola temporal.
Para la elaboración de esta ley se contó con la participación de representantes de los ministerios con competencia en agricultura y tierra, agricultura urbana y proceso social de trabajo, así como de los movimientos sociales y voceros del Poder Popular. Con la aprobación de esta herramienta legal se garantizan los derechos humanos, laborales, sociales y de salud de las trabajadoras y trabajadores agrícolas.
