Periodista: Luis Villalta / Fotografo: Willmer Tovar
El presidente de la Comisión Especial que Investiga los Acontecimientos en la Farmacia Popular Comunitaria de Tinaquillo, diputado John Moreno, anunció este martes que el alcalde Fernando Feo restituirá en las próximas 48 horas los bienes del establecimiento, tras haber sido constatada su responsabilidad en el desalojo arbitrario del local.
El parlamentario argumentó que gracias a las denuncias de la población, la Asamblea Nacional pudo actuar en consecuencia. Sostuvo que en este caso actuó el diputado del Consejo Legislativo de Cojedes, Adonay Ochoa, quien siguiendo instrucciones del alcalde Fernando Feo procedió al cierre del local despojándolo del mobiliario y los equipos de computación.
Indicó que con esta acción ilegal se impidió la atención de las más de 120 mil personas que acuden a la farmacia comunitaria en busca de medicinas gratuitas. Explicó que se trata de enfermos crónicos que son beneficiados con las políticas de protección que implanta la Revolución Bolivariana
Moreno informó que en los próximos la comisión convocará a los diputados regionales supuestamente implicados en los hechos, para que ejerzan su derecho a la defensa. Resaltó que continuará la investigación con el objetivo de establecer las responsabilidades políticas y así evitar que se cometan actos fascistas dirigidos desde las alcaldías y gobernaciones a cargo de la oposición.
El diputado agregó que las distribuidoras de medicamentos continuarán prestando servicios en el municipio. Además, notificó que revisarán la situación laboral de nueve trabajadoras de las farmacias comunitarias, presuntamente víctimas de acoso laboral, que fueron revocadas durante sus comisiones de servicio.
Por su parte, el diputado opositor José Gregorio Correa indicó que la presencia del alcalde de Tinaquillo es un reconocimiento al Parlamento Nacional. Puntualizó que estas agresiones no deben volver a ocurrir.
Entretanto, el alcalde de Tinaquillo, Fernando Feo, insistió en quela acción desalojo de la farmacia no fue una medida arbitraria”. Reiteró que las acciones que se desarrollaron fueron “acciones ajustadas a la ley” y que cumplieron una “solicitud de la gente”.
