Caracas - Venezuela - noviembre 10 2026 / 8:09 p. m.

Parlamento sanciona Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico

Fecha: 10/11/2026

El Parlamento Nacional sancionó este martes, en sesión ordinaria, la Reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, norma que establece las disposiciones para regular la red y el suministro energético. 

La ley, que será remitida inmediatamente al Ejecutivo Nacional para su promulgación, también establece las reglas para el intercambio internacional de energía a través de la generación, transmisión, despacho del sistema, distribución y comercialización.

La segunda discusión del texto comenzó el 22 de octubre, y se desarrolló durante cuatro sesiones ordinarias. En lo que va de año, el Parlamento ya ha sancionado 14 leyes.

Contraloría social comunitaria

El esquema descentralizado y participativo se extiende a la articulación con los gobiernos locales, y establece que las instancias municipales deben propiciar la estructuración de redes populares para el diagnóstico oportuno de averías.

Conforme al texto del artículo 32, los municipios deben organizar acciones, con las organizaciones comunales, para brindar orientación en la vigilancia del servicio y cooperar con la empresa prestadora en el mantenimiento e instrumentación de programas locales.  

Adicionalmente, el artículo 41 establece la incorporación activa de las Mesas Técnicas de Energía en el levantamiento de propuestas para la formulación de planes de atención técnica y proyectos de electrificación comunitaria, y las decisiones respondan a las realidades específicas de cada zona.  

Promoción del uso racional de la energía 

La ley aprobada otorga un papel protagónico a las comunidades organizadas en las campañas de concienciación sobre el uso eficiente de la electricidad y el cuidado preventivo de las redes locales.

A través del artículo 32, numeral 6, se ordena el desarrollo de programas continuos de formación, dirigidos a las organizaciones del Poder Popular, sobre el ahorro energético y el resguardo de la infraestructura contra conexiones no autorizadas o sabotajes.  

En consonancia con estas obligaciones, el artículo 30, numeral 18, prevé que los operadores del servicio coordinen con los usuarios y las estructuras comunitarias, la protección perimetral de subestaciones y tendidos eléctricos; consolidando así un esquema defensivo de resguardo compartido entre el Estado y el pueblo organizado.

Régimen sancionatorio 

El marco legislativo, aprobado por la Asamblea Nacional (AN), establece un sistema riguroso para la determinación de responsabilidades y la aplicación de correctivos en caso de incumplimientos normativos. 

Conforme al artículo 101, la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional cuenta con la competencia directa para iniciar averiguaciones administrativas, exigir el cumplimiento de las normativas y aplicar las acciones pertinentes sobre las empresas operadoras, los integrantes de sus juntas directivas, prestadores de servicios y usuarios.

Tipificación de sanciones 

Las infracciones cometidas por las empresas operadoras se clasifican según su gravedad para asegurar la estabilidad del servicio público. 

El artículo 102 estipula sanciones severas de hasta el 2 por ciento de los ingresos brutos, correspondientes al año anterior, ante faltas graves como el incumplimiento reiterado de normas de calidad, la negativa injustificada a permitir el acceso a las redes o alteraciones en los suministros y tarifas.

Por su parte, el artículo 103 regula las sanciones menos graves, fijadas en hasta el 0,2 por ciento de los ingresos brutos por irregularidades operativas de carácter ocasional o retrasos en la liquidación de transacciones en el mercado eléctrico.

Regulación de la autogeneración 

En materia de autogeneración y sistemas independientes, el artículo 104 establece multas que oscilan entre 1.000 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial, de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, ante incumplimientos durante estados de excepción o situaciones de emergencia.

Tras un debate sobre la precisión técnica de la norma, la Plenaria incorporó salvaguardas para ponderar la imposibilidad material o técnica justificada, y garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y la justa remuneración de la energía aportada al Sistema Eléctrico Nacional.

Revocatoria administrativa 

El marco legal contempla medidas severas ante faltas graves que comprometan la seguridad de la Nación. Conforme al artículo 105, los propietarios de instalaciones de autogeneración superiores a dos megavatios que nieguen el suministro eléctrico durante un estado de excepción, decretado por el Ejecutivo Nacional, se enfrentan a la revocatoria directa de su habilitación administrativa, sin perjuicio de las multas aplicables.

Asimismo, los artículos 107, 108 y 109 sancionan con multas entre 100 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicada por el Banco Central de Venezuela, a quienes realicen obras no autorizadas que perturben, obstaculicen o dañen las zonas de servidumbre e instalaciones eléctricas.

Multas aplicables a usuarios

Para garantizar la integridad y el uso responsable del Sistema Eléctrico Nacional, el artículo 106 tipifica las infracciones de los usuarios y establece un sistema de sanciones pecuniarias proporcionales a la gravedad de la falta.

Las multas varían desde 50 hasta 50.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicada por el Banco Central de Venezuela, para sancionar conductas como el cambio no autorizado en el uso de la energía y las conexiones ilegales.

Así como la alteración o daño de medidores, la negativa a permitir el acceso al personal autorizado, el suministro clandestino de energía a terceros y el incumplimiento de las normativas sobre uso racional y eficiente de la electricidad.

Penalización por delitos en el sector

La normativa establece un régimen de tipificación penal para proteger la infraestructura eléctrica del país. De acuerdo con el artículo 110, las acciones administrativas y sanciones previstas prescribirán a los cinco años, contados a partir de la comisión de la infracción o de la decisión del procedimiento administrativo.

Sanciones penales para el hurto de energía 

El tramo final del debate normativo contempló la aprobación de disposiciones penales destinadas a resguardar los activos físicos y operacionales del Sistema Eléctrico Nacional.

Conforme al artículo 114, se ratificó la sanción con penas de prisión de dos a seis años para quienes sustraigan energía eléctrica, con fines de lucro, mediante conexiones no autorizadas superiores a 5.000 kilovatios-hora al mes. 

Asimismo, el artículo 115 sanciona, con prisión de dos a cinco años, el hurto de equipos o instalaciones utilizadas para la prestación y medición del servicio eléctrico, independientemente de si el acto se ejecuta o no con fines de lucro, blindando la infraestructura ante la sustracción de componentes esenciales.

Programas de normalización y regularización de puntos de suministro

Para atender la realidad de las comunidades y estructurar soluciones operativas en materia de servicio, la disposición transitoria primera encomienda a la empresa operadora del Estado la elaboración y ejecución de un programa integral de normalización de puntos de suministro en un lapso de cinco años. 

En aquellos casos excepcionales de zonas de desarrollo no controlado o de difícil acceso, donde no sea factible instalar instrumentos de medida individuales, la empresa podrá acordar con las organizaciones del Poder Popular esquemas alternos de facturación, por un período no mayor a dos años.

Actualización tecnológica

Las disposiciones transitorias establecen los plazos operativos para la adecuación institucional y financiera del sector eléctrico tras la promulgación de la ley. 

La disposición transitoria segunda otorga un plazo de dos años para la actualización de la base de datos de los usuarios, mientras que la tercera ordena al Ejecutivo Nacional constituir el fondo para el financiamiento de los subsidios en un período no mayor a un año.

Finalmente, se fijan lapsos de 180 días para la elaboración del reglamento respectivo y la adaptación operativa del Centro Nacional de Despacho a la estructura del ministerio con competencia en materia de energía eléctrica.

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