Periodista: Prensa An / Fotografo: Prensa An
La Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional (AN) aprobó este miércoles, por unanimidad, el informe para la primera discusión del Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti).
Así lo informó, vía telefónica, el presidente de la instancia parlamentaria, diputado Ricardo Sánchez, al término de la reunión ordinaria llevada a cabo en las instalaciones del Museo Boliviano, en la esquina de Pajaritos.
El parlamentario expresó su orgullo y satisfacción por el deber cumplido, advirtiendo que la aprobación de este informe es un esfuerzo mancomunado y colectivo que permitirá cristalizar en lo concreto las ventajas y bondades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y sus aplicaciones contempladas en el artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
Agregó que la reforma de la Locti permitirá la construcción de una economía más sana, más productiva y eficiente, donde la ciencia, la tecnología y la innovación serán los motores fundamentales de su desarrollo, expansión y consolidación.
“En tiempos de pandemia, de sanciones, embargos y bloqueos contra nuestro país, damos pasos acelerados para consolidar un sistema científico tecnológico que sea la punta de lanza para la ofensiva necesaria en favor de nuestro pueblo y en donde todos somos más que necesarios” sentenció Sánchez.
Recordó el parlamentario que esta reforma busca estimular la capacidad de innovación tecnológica del sector productivo y académico, tanto público como privado, así como el fortalecimiento de una infraestructura adecuada y el equipamiento para servicios de apoyo a las instituciones de innovación tecnológica.
Estima que este proyecto busca estimular y promover la participación del sector productivo público y privado, a través de incentivos y otros medios que faciliten el desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas, de innovación en todo el territorio nacional, para así enfrentar los efectos de las medidas coercitivas que limitan el acceso a bienes, servicios e insumos.
