Periodista: Luis Villalta / Fotografo: Pedro Manuel Corredor Cadiz
El Poder Legislativo Nacional acordó, por unanimidad, allanar la inmunidad parlamentaria del diputado Julio César Torres Molina (MRT/ Mérida), luego de que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarara con lugar la procedencia de un juicio en su contra, por haber incurrido, de manera flagrante, en delitos contemplados en la Ley Orgánica de Drogas.
La Directiva del Parlamento solicitó la urgencia reglamentaria, establecida en el artículo 126 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, y, posteriormente, el diputado William Benavides (MRT/ Nacional) intervino para indicar que la acción de Torres Molina atenta contra la moral revolucionaria y las buenas costumbres.
Resaltó que este suceso forma parte de la lucha que lleva adelante el Estado venezolano contra las organizaciones del narcotráfico y el paramilitarismo, que buscan, permanentemente, infiltrar, captar y desviar a los dirigentes de la Revolución Bolivariana.
Benavides indicó que el Parlamento Nacional ha dado muestras inquebrantables de denunciar, con fuerza, el flagelo del narcotráfico, ejerciendo una postura ejemplarizante.
"El imperio norteamericano, a lo largo de la historia de las organizaciones revolucionarias, ha querido infiltrarse para desmoralizar a su militancia a través de campañas de guerra psicológica", expuso.
Añadió que los cuadros políticos revolucionarios deben promover la ética, los principios y valores morales, para luchar contra los viejos vicios del individualismo, el caudillismo, el egocentrismo y el materialismo.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Administración y Servicios, diputado Pedro Carreño (PSUV/Delta Amacuro), calificó la situación como embarazosa, y hasta penosa, para el Legislativo, ya que la patria venezolana está siendo asediada y acusada de narcotráfico, con el objetivo de atacar la ética revolucionaria.
"Se quiere aplicar el manual de Gene Sharp en Venezuela, “De la Dictadura a la Democracia”, y detalló que actualmente se aplica la segunda etapa. "Luego del ablandamiento, que es la deslegitimación, se habla de la criminalización del gobierno", apuntó.
Carreño explicó que, de acuerdo a dicho manual, se busca estigmatizar como dictador al presidente de la República, Nicolás Maduro; acusarlo de usurpador, corrupto y decir que existen violaciones de los derechos humanos en Venezuela, para satanizar a la Revolución Bolivariana.
El parlamentario denunció que entre los elementos que intenta inocular la derecha reaccionaria, contra el país, se encuentra la violación del derecho a la libertad de expresión y catalogar a Venezuela como narco Estado. "Por eso no nos extraña que a un país libre de cultivos, libre de laboratorios y que no es ruta del narcotráfico, la estigmaticen como cartel", apuntó.
Exhortó a los venezolanos a defender los principios y valores del presidente Nicolás Maduro, quien es blanco de acusaciones infundadas.
Oposición apoyó propuesta
Por su parte, el diputado Oscar Rondero (AD/ Nva. Esparta) precisó que la bancada opositora acompañó la propuesta para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado Julio Torres Molina.
Considera que el diputado faltó al juramento que realizó ante la Carta Magna y sus colegas parlamentarios, el día que fue electo por el pueblo del estado Mérida. Igual, ratificó el compromiso de unidad nacional contra el narcotráfico.
Comunicación TSJ
Acerca de la solicitud de allanamiento a la inmunidad parlamentaria de Torres Molina, la presidenta del TSJ, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, en una comunicación detalló que "no procede el antejuicio de mérito, en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios competentes, según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal.
La comunicación del TSJ también notificó qué, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se declaró procedente la detención de Torres Molina.
