Charles Delgado / Prensa AN
El segundo vicepresidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, diputado Rubén Limas (AD/Dtto. Capital), estima que la Reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia debe optimizar la proporcionalidad de las sanciones.
Durante una entrevista en televisión, este miércoles, el parlamentario señaló que la Ley contra el Odio responde al contexto político y social de la sociedad venezolana del año 2017; por ello considera que la norma requiere ajustes importantes.
En tal sentido, Limas explicó que el Poder Legislativo actualiza esta ley y promueve el debate en torno a los instrumentos jurídicos para garantizar la protección de los derechos ciudadanos, fomentar el respeto mutuo y consolidar los espacios de entendimiento en el país.
Asimismo, el parlamentario indicó que la Asamblea Nacional continuará impulsando la revisión de las leyes vigentes mediante la participación de los diversos sectores de la vida nacional. De esta manera, agregó, se busca consolidar el marco institucional para la convivencia pacífica.
Explicó Limas que, una vez que la Comisión de Desarrollo Social sometió la normativa a la revisión correspondiente, le fue entregada a la Directiva de la AN, quien la remite al Tribunal Supremo de Justicia, cuya institución la regresará al Parlamento Nacional para así iniciar la consulta pública.
Control en vías públicas
Por otra parte, Rubén Limas destacó la importancia de actualizar el marco jurídico en materia de tránsito terrestre con la finalidad de atender de manera oportuna los índices de siniestralidad vial registrados en Venezuela.
Señaló que el incremento de incidentes asociados a vehículos de dos ruedas representa un desafío prioritario para la atención en los centros de salud pública y para la estabilidad de las familias venezolanas.
La labor de revisión de las leyes vigentes, dijo, contempla la obligatoriedad en el uso de elementos de protección personal, la promoción de programas formativos en educación vial y la articulación con los organismos competentes del Estado para garantizar un control efectivo en las vías públicas.
Asimismo, indicó que el Poder Legislativo mantiene un proceso de debate abierto con los sectores involucrados en la movilidad urbana para estructurar propuestas que respondan a las necesidades actuales de la ciudadanía en materia de prevención y resguardo de la vida.
