Luis Villalta / Prensa AN
A propósito del convenio energético que suscribirán Venezuela y Estados Unidos, el diputado Ramón Lobo (PSUV/Mérida) indicó este miércoles que el Estado venezolano ejerce su soberanía al convertir el potencial petrolero del país en ingresos y bienestar para el pueblo.
El parlamentario asevera que con este convenio la nación no renuncia a sus recursos estratégicos, porque los administrará de acuerdo al ordenamiento jurídico venezolano, como la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, reformada en enero pasado.
Recalcó que cuando el Poder Legislativo respaldó el convenio energético binacional, el martes pasado, manifestó el apoyo y aval por el interés nacional y la defensa de la soberanía energética del país.
El parlamentario enfatizó que por tratarse de una materia de alto valor estratégico, toda decisión internacional en el ámbito petrolero debe estar vinculada de forma obligatoria al interés nacional.
Soberanía energética
Ramón Lobo indicó que la Ley Orgánica de Hidrocarburos desarrolla fielmente el principio constitucional a través de sus artículos 1, 3 y 5.
También regula el aprovechamiento integral de los recursos bajo criterios de soberanía energética, maximización progresiva de la renta, seguridad jurídica, transparencia contractual y protección ambiental.
Destacó que la legislación exige la vinculación directa de los ingresos derivados de la actividad hidrocarburífera con el fortalecimiento del sistema de salud, la educación, la inversión productiva, los servicios públicos y el bienestar social de los ciudadanos.
Precisó que el artículo 6 reconoce las decisiones adoptadas por la República en el marco de acuerdos o tratados internacionales, al tiempo de integrar el ámbito internacional al diseño jurídico venezolano.
El ordenamiento legal venezolano, detalló Lobo, contempla distintas modalidades de participación pública, mixta o privada, formalizadas mediante los artículos 23, 35, 36, 40, 42 y 43 de la referida ley.
Dichos mecanismos norman la constitución de empresas mixtas, contratos para actividades primarias, autorizaciones operativas, uso temporal de activos y la reversión patrimonial a favor de la República.
Ratificó que el factor determinante en estas alianzas no es el origen del capital o de la tecnología, sino la sujeción absoluta a la ley, la obtención de la autorización competente, la preservación intocable de la propiedad pública y el cumplimiento riguroso de las condiciones pactadas en beneficio del país.
Arquitectura fiscal
El asambleísta subrayó que la arquitectura fiscal fortalece la captación de recursos para la nación y aclaró que el artículo 51 reconoce el derecho del Estado a una participación por regalía sobre los volúmenes extraídos, sumado al Impuesto Sobre la Renta y al impuesto integrado de hidrocarburos fijados en los artículos 55, 56 y 57.
Resaltó la vigencia del artículo 68, el cual faculta la comercialización directa de determinados volúmenes de hidrocarburos sin que ello implique transferencia de titularidad de los yacimientos ni afectación de los derechos soberanos de la República.
Valoró la trascendencia del acuerdo de respaldo aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 1° de septiembre, tras la exposición presentada por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez.
"El convenio binacional es una herramienta estratégica que sirve para a impulsar la recuperación económica, atraer inversiones de capital, promover el desarrollo tecnológico-productivo y transformar el potencial energético del país en ingresos, empleo, infraestructura y servicios de calidad para el pueblo", culminó.
