Periodista: Charles Delgado / Fotografía: Prensa An
El diputado Jorge Luis Fuguett (PSUV/Guayana Esequiba) respalda la decisión de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, de no aceptar el veredicto, cualquiera que sea, de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la controversia por el Esequibo.
Así lo señaló este jueves, en la entrevista que ofreció en VTV, al recalcar que el Estado solo reconocerá lo que establece el Acuerdo de Ginebra, tal como lo han expuesto los expertos con argumentos sólidos y válidos.
Fuguett también resaltó que en las audiencias de la CIJ, Venezuela formalizó la entrega de más de 3.000 nuevas pruebas documentales anexadas a la memoria, contramemoria y dúplica del Estado, con el objeto de desestimar los argumentos de la República Cooperativa de Guyana.
Venezuela no reconocerá ningún veredicto, sea a favor o en contra, porque se escapa del camino legal del 17 de febrero de 1966, cuando se firmó el Acuerdo de Ginebra, puntualizó el diputado Fuguett al recordar el carácter írrito del Laudo Arbitral de París de 1899, instrumento que el Gobierno guyanés pretende validar de manera unilateral.
Sólida defensa ante la CIJ
El diputado Fuguett refirió que el periodo de audiencias orales se desarrolló ante la CIJ y constató la solidez de la defensa técnica venezolana a través de cartografía histórica que demuestra la presencia de la administración española y de la República en el territorio Esequibo desde el siglo XIX.
Asimismo, resaltó que la contraparte solicitó ante el tribunal el cese de los programas de atención social dirigidos a la población de la Guayana Esequiba, acción que evidencia la ausencia institucional de los servicios gubernamentales de Guyana en la zona bajo controversia.
Fuguett informó sobre la continuidad del despliegue de la Misión Identidad en la frontera, con el establecimiento de una oficina de registro civil en la localidad de San Martín de Turumbán.
Es de destacar, que esta dependencia facilita la inscripción y cedulación de ciudadanos esequibanos como nacionales, para garantizar de forma directa el acceso a las políticas de protección socioeconómica del Estado venezolano.
