Periodista: Mayerlin Carolina Gonzalez Gonzalez / Fotografo: Danielle Rafaela Silva Rondon
Este viernes la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral cerró el ciclo de consulta pública del Proyecto de Ley de Atención Integral a las Personas Sordas y con Discapacidad Auditiva.
Entre las propuestas recogidas por la comisión destaca la solicitud del reconocimiento de la lengua de señas.
El diputado René Coltat (PSUV/Dtto. Capital) destacó que se trata de una ley histórica, debido a que por primera vez son tomadas en cuenta las personas sordas y con discapacidad auditiva.
Por ello, espera el reconocimiento, promoción y difusión de la Lengua de Señas Venezolana (LSV) como natural de la comunidad sorda y como lengua oficial. También aspira a que se reconozca a esta comunidad venezolana como grupo lingüístico cultural.
El parlamentario indicó que con este instrumento jurídico se garantiza el derecho a la accesibilidad a través de las adaptaciones, adecuaciones o ajustes razonables de los recursos precisos para favorecer a las personas sordas y con discapacidad auditiva su participación y el goce de bienes, servicios e información y comunicación.
Enfatizó el diputado Coltat que se debe reconocer a los traductores e intérpretes de LSV como el canal de comunicación entre las personas sordas y los oyentes.
Agregó que en los próximos días se realizará la sistematización de las propuestas recogidas en las diferentes consultas públicas.
El Proyecto de Ley de Atención Integral a las Personas Sordas y con Discapacidad Auditiva contiene tres capítulos y 22 artículos; se incluirán consideraciones como la participación en el área laboral, tecnológica, deportiva, salud, militar, educación universitaria, entre otras. También el reconocimiento a las personas sordas que pertenecen a comunidades indígenas.
Igualmente, se garantizan los principios de igualdad y no discriminación, enfoque de igualdad y equidad de género, inclusión e integración, así como equidad de condiciones, oportunidades y autonomía.
Otra finalidad de la ley es garantizar a las personas con discapacidad auditiva su derecho a comunicarse en la diversidad de forma que utilice lectura labial, castellano escrito, además del servicio de interpretación, si así lo requieren. Asimismo, la implementación de políticas públicas a favor de esta comunidad.
En el instrumento jurídico participa el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis), el Movimiento de Sordos, Somos Venezuela, entre otros.
