Periodista: Dinorat Menessini / Fotografo: Danielle Rafaela Silva Rondon
La Comisión Permanente de Contraloría acordó el cierre del expediente contra el exalcalde del municipio Baralt, Jarvis Rondón; y el ex director principal del Instituto Municipal para la Vivienda, Norberto Masía; por no encontrar irregularidades en la ejecución del Plan de Viviendas de Sustitución de Rancho por Casa, en el periodo 2005-2008.
La información la suministró el presidente de la comisión, diputado Willian Gil (PSUV/Lara), quien explicó que la investigación de este caso la llevó la Subcomisión Sectorial para el Gasto Público e Inversión de Fondos Públicos del Poder Ejecutivo Municipal, desde hace un año.
Señaló que, según el informe final presentado por la diputada Maritza Matos (PSUV/Zulia), la denuncia la realizó el ciudadano Tulio Valero Santiago, el 17 de junio de 2009, por presuntas irregularidades en la ejecución del referido plan de sustitución de ranchos por casas en el municipio Baralt del estado Zulia.
Explicó que para ese plan, el Gobierno asignó 100 viviendas para el municipio Baralt y la alcaldía ejecutaría la obra a través de 17 cooperativas. Esta obra no fue cumplida en su totalidad por el índice inflacionario que devaluó el dinero destinado para ello, argumentos expuestos por el gobierno municipal y confirmados por las investigaciones llevadas a cabo por el equipo técnico de la Comisión de Contraloría.
El parlamentario Gil informó también que la diputada Imarú Bolívar (PSUV/Yaracuy), presentó informe sobre el expediente Nº 1.486, el cual contiene la denuncia sobre presuntas irregularidades administrativas por la elaboración de nóminas paralelas en la Dirección de Personal de la Gobernación del estado Táchira durante la gestión del gobierno del ciudadano César Pérez Vivas, en el año 2011.
Explicó que ese caso lo lleva la Subcomisión Sectorial para el Control de Gasto Público e Inversión del Fondo Público del Poder Ejecutivo Regional. Al respecto, indicó que la Comisión solicitará a la Fiscalía General de la República y a la Contraloría más elementos para continuar con la investigación, a objeto de establecer las conclusiones del caso y emitir las recomendaciones para que se tomen las decisiones finales.
