Periodista: Charles Delgado / Fotografía: Pedro Corredor
La Comisión Permanente de Administración y Servicios acordó, en su reunión de este martes, evaluar el Proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos.
Así lo informó el presidente de la instancia parlamentaria, diputado Pedro Carreño (PSUV/Trujillo), quien destacó que esta propuesta de ley forma parte del Programa Básico Legislativo 2026.
Explicó que uno de los objetivos del proyecto es unificar los procesos de recolección y disposición de desechos sólidos de los 335 municipios del país, respetando las realidades territoriales de cada jurisdicción.
Carreño precisó que la normativa vigente, en esta materia, data de diciembre de 2010 y sirve como base para determinar si la propuesta actual constituye un nuevo instrumento o una reforma parcial.
Carácter orgánico
El parlamentario habló de la importancia de definir el carácter orgánico de la ley, fundamentado en el artículo 203 de la Constitución, al servir como marco normativo para las ordenanzas municipales y en aras de garantizar el derecho ciudadano a la salubridad.
Agregó que tienen previsto reunirse con la Comisión Permanente de Ecosocialismo y la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios para revisar el proyecto y recoger propuestas técnicos de solución a los problemas, como la doble tributación por el servicio de aseo urbano y las deficiencias en la gestión de los rellenos sanitarios.
Carreño aseveró que esta responsabilidad debe ser compartida entre el Ejecutivo Nacional, el regional y el municipal, bajo el principio de concomitancia o coexistencia.
Durante la revisión del proyecto de ley, destacó la necesidad de que la ley establezca parámetros claros para la recaudación de tasas impositivas, evitando que operadores privados fijen montos arbitrarios basados únicamente en el metraje cuadrado de los establecimientos.
El diputado Carreño señaló que, en esta materia, se deben considerar, al menos, cuatro tipos de tabuladores que se ajusten a la actividad económica y a la capacidad de recaudación de cada municipio, garantizando así la equidad y la justicia social en la prestación de los servicios públicos.
