Periodista: Rayma Rondón / Fotografo: Danielle Rafaela Silva Rondon
En su sesión ordinaria de este martes, la Asamblea Nacional (AN) sancionó la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, cuyo objetivo es salvaguardar los bienes de la nación.
Inició el debate el presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, diputado Diosdado Cabello Rondón, quien informó que esta ley complementará a la Ley de Extinción de Dominio, sancionada el pasado 27 de abril.
Cabello expuso al Plenario Parlamentario que ya se están viendo los resultados de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio. Y en el caso de la norma que protegerá los activos, explicó que establece sanciones ejemplarizantes para aquellos que han usurpado cargos y para los grupos que intervinieron en el robo de los bienes de la nación.
Por su parte, el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez (PSUV/Dtto. Capital) informó de las últimas acciones de la oposición, quienes, a través de un tribunal de justicia ficticio, inexistente, nombraron a Dinorah Figuera como presidente de la República.
En tal sentido, refirió que es tal el nivel de violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) que la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero establece sanciones ejemplarizantes para estos bandidos.
Sanciones
En el debate el diputado Cabello recalcó que se le aplicará la ley a todo el que participe, directa o indirectamente, en el robo o hurto de los bienes de la nación.
Vale señalar que en su disposición final primera, la ley declara inexistente y sin efecto jurídico las figuras fraudulentas que pretenden usurpar los cargos de la República.
Entretanto, en la disposición final segunda, la norma establece que la ley entre en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.
Por el Bloque Parlamentario de Oposición, el diputado Juan Carlos Alvarado (Copei/Miranda) instó a divulgar los detalles del robo a la nación por parte del grupo opositor de Juan Guaidó y repudió las acciones contra la patria.
Concluyó el debate el diputado Julio García Zerpa (PSUV/Táchira), quien dijo que entre los elementos fundamentales de esta ley destaca la anulación de todos los actos de usurpación que comprometieron los activos de la nación y castiga fuertemente a los delincuentes que promovieron estas acciones.
La ley quedó aprobada en segunda discusión por unanimidad. Seguidamente el presidente de la AN declaró su sanción y ordenó remitirla al Ejecutivo Nacional para su promulgación.
Sobre los motivos de la ley
Casi 10 años lleva Venezuela siendo objeto de sanciones y medidas coercitivas unilaterales por parte del imperio estadounidense y sus aliados europeos, quienes buscan que el país renuncie al ejercicio de sus derechos soberanos. Con estas acciones intentan despojar a la República de sus activos, derechos e intereses ubicados en el extranjero, lo que ha afectado la economía del país y al propio pueblo venezolano.
Estas acciones has sido facilitadas por actores nacionales que, violentando flagrantemente la CRBV, han intentado usurpar la representación del país y sus intereses en el extranjero. Como parte de tal atropello, recientemente un tribunal estadounidense anunció el remate ilegal de las acciones de la empresa Citgo Petroleum, que es patrimonio de todos los venezolanos.
Posteriormente, el 1° de mayo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. autorizó a quienes pretenden usurpar la representación de la República a negociar los activos, derechos e intereses de Venezuela en el extranjero.
Por todo ello, y las otras acciones emprendidas contra la nación desde 2014, con esta ley se busca hacer frente a cualquier acto de enajenación o disposición ilegal por parte de quienes pretendan usurpar la representación de la República. Las responsabilidades penales de esta norma se aplicarán a quienes dispongan ilegalmente del patrimonio de los venezolanos, incluso a profesionales del Derecho que participen directa o indirectamente en tales actos.
Uno de los aspectos fundamentales de la ley es que califica las acciones de despojo contra el patrimonio nacional como actividades de delincuencia organizada. Por tal motivo, los bienes de las personas que participen en estos hechos serán objeto del procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
De acuerdo a la exposición de motivos de la norma, esta ley fortalece las herramientas jurídicas del Estado para proteger al pueblo y al patrimonio de la República de la agresión multiforme que se ejecuta desde el extranjero, con la complicidad de actores de la oposición nacional.
