Periodista: Margareth Cornivel / Fotografía: Pedro Corredor
La Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión y por unanimidad, el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, durante la sesión ordinaria de este martes.
La justificación de esta propuesta estuvo a cargo del diputado Orlando Miranda (PSUV/Lara), quien explicó que la reforma parcial está dirigida a fortalecer la protección del sistema eléctrico, el mantenimiento de la infraestructura y la optimización del servicio para el pueblo.
Asimismo, el parlamentario indicó que la reforma de la ley busca abrir las puertas a un sistema eléctrico moderno, mixto, autosustentable y responsable.
El diputado explicó que la propuesta que está integrada por 42 artículos, “representa una estrategia que introduce un esquema de capital mixto y privado bajo un régimen riguroso de concesiones, supervisión pública y corresponsabilidad civil y penal de las operadoras”.
De igual manera, agregó que la médula de la reforma se plasma en la diversificación de los actores en toda la cadena del servicio, generación, transmisión, distribución y comercialización.
Indicó que la ley contempla la participación del Estado venezolano como factor fundamental que abre el compás a empresas mixtas donde la República preserva el control con más del 50 % del capital social.
También, comunicó que el instrumento legal empodera directamente al ciudadano al segmentar las obligaciones por sector. En tal sentido, destacó que las empresas distribuidoras y comercializadoras quedarán obligadas por ley a compensar económicamente a los usuarios por los daños causados debido a apagones o deficiencias en la calidad del suministro.
Vialidad económica
Miranda detalló que la reforma representa una vialidad económica en el diseño de tarifas, la cual contempla los costos reales, lo que permite una rentabilidad razonable para el inversor, basada en criterios de eficiencia, que faculta al Ejecutivo y a las autoridades regionales a utilizar políticas fiscales como mecanismos de estímulo para abordar de forma exclusiva las áreas críticas del país, reiteró.
Por último, aseveró que el proyecto representa un elemento sustantivo para el bienestar de la nación y busca poner a la vanguardia al sector eléctrico como una referencia nacional e internacional para los inversionistas privados y mixtos, bajo la participación protagónica del Gobierno Bolivariano y en beneficio del pueblo, al igual que los instrumentos previamente sancionados en materia de hidrocarburos, amnistía y el sistema judicial.
Transformación del rol del Estado
Durante el desarrollo del debate, el diputado José Gregorio Correa (AD/Nacional) expuso sus observaciones al proyecto, y planteó que la legislación debe transformar el rol del Estado de un ente netamente controlador o defensor que garantice la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones de la empresa privada y de organismos nacionales e internacionales que ayuden a superar la crisis del sector.
“Esta ley debe modernizar el sistema eléctrico eficiente de manera accesible y sostenible, y para esto mi propuesta de apoyo, en la cual vamos a estar de acuerdo, es que se cree una figura de extremada importancia como la del contralor y defensor de la eficiencia eléctrica”.
