Periodista: Luis Villalta / Fotografía: Pedro Corredor
La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes, en primera discusión y por unanimidad, el Proyecto de Ley de Reforma parcial de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, cuyo objetivo es promover la construcción de nuevas viviendas adaptadas a los nuevos tiempos.
El primer vicepresidente del Parlamento Nacional, diputado Pedro Infante (PSUV/Nacional), presentó el proyecto de reforma que contempla resolver y garantizar mejores condiciones económicas para que los afectados por el doble terremoto del pasado 24 de junio, accedan al sector inmobiliario.
La iniciativa modifica aspectos críticos del sector de la construcción para dinamizar la economía e incorporar al capital privado en la edificación de hogares para las familias venezolanas.
Puntos medulares
Entre los puntos medulares de la reforma destaca la flexibilización de precios que elimina el esquema rígidamente fijo que impedía absorber las variaciones en los costos de los materiales de construcción.
Infante explicó que con la reforma legal las partes interesadas pueden acordar mecanismos de estabilización basados en las fluctuaciones reales del mercado.
Indicó que en los plazos de entrega se suprime el límite restrictivo de 24 meses para la culminación de obras, mientras que el tiempo de ejecución se establecerá por mutuo acuerdo entre los involucrados.
Detalló que la reforma ofrece protección del flujo de caja, ya que en la actualidad se obliga al promotor a esperar 90 días y tramitar un permiso administrativo ante impagos.
La propuesta de ley faculta al constructor a rescindir el contrato de forma directa si el adquiriente acumula dos meses consecutivos sin pagar. Igualmente, estimula la reactivación de créditos impulsados por las instituciones bancarias para financiar proyectos habitacionales y reduce los riesgos regulatorios.
Estas acciones, dijo Infante, destraban los nudos críticos del marco jurídico actual, en la cual se equilibra la seguridad del constructor con la debida protección a los compradores, bajo el espíritu del artículo 82 de la Carra Magna.
Prioridad salvar vidas
Pedro Infante precisó que el Ejecutivo Nacional, bajo la coordinación de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, activó un despliegue de más de 30.000 efectivos nacionales de bomberos, protección civil y cuerpos policiales.
Expresó que a este contingente se sumaron 2.400 rescatistas internacionales. Todo este esfuerzo institucional, dijo, se organizó bajo tres líneas estratégicas dando prioridad a la fase de búsqueda y rescate.
"La prioridad absoluta fue la salvación de vidas. Gracias a estas labores intensas, los cuerpos de seguridad rescataron a 6.462 personas de entre los escombros", sostuvo Infante.
Subrayó que en la segunda fase de asistencia humanitaria se habilitaron 107 campamentos transitorios en las entidades más afectadas, con una capacidad instalada de 26.000 camas. "En estos espacios reciben atención digna más de 20.900 venezolanos".
Infante sostuvo que la tercera fase para la reconstrucción y adaptación forma parte del Plan Venezuela Renace. "Aquí es donde el Poder Legislativo suma sus facultades para promover soluciones habitacionales definitivas y seguras".
El asambleísta expresó su agradecimiento al pueblo venezolano por su solidaridad y destacó el apoyo de la comunidad internacional, con la participación de más de 40 naciones aliadas que brindaron su ayuda humanitaria en el momento oportuno.
AN protegerá a todos
Por su parte el diputado José Gregorio Correa (AD/Nacional) respaldó la propuesta de legislar a favor de los damnificados y víctimas del doble terremoto.
Expresó que los venezolanos tenemos el desafío de ser más fuertes y que la Asamblea Nacional (AN) acompañará a todos por igual.
Solicitó además que la Comisión Especial atienda casos específicos de la población afectada, tales como las personas bajo régimen de alquiler, entre otros.
