Periodista: Prensa An / Fotografo: Prensa An
En la sesión extraordinaria de este jueves, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley para el Respeto de los Derechos Humanos de la Función Pública, que desarrolla aspectos puntuales de los artículos 2 y 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), referidos a la obligación del Estado de garantizar los DDHH de los funcionarios en su ejercicio.
Correspondió al diputado Francisco Ameliach Orta presentar el proyecto, al que calificó de fundamental para el desarrollo del país pues su aplicación impactará a los funcionarios de los tres niveles de gobierno, entiéndase ámbito nacional, estatal y municipal.
Dijo que una de las novedades de la propuesta es la incorporación de todos los órganos y entes del Estado, así como de las organizaciones sociales y del Poder Popular, en el proceso de implementación y seguimiento de la norma una vez publicada en Gaceta Oficial.
En representación de la bancada de oposición, el diputado Martín López dijo que atendiendo lo dispuesto en el artículo 19 de CRBV, sobre la progresividad de los derechos humanos sin discriminación alguna, se suman al apoyo de la iniciativa. Destacó la disposición de la representación parlamentaria para incorporarse en el proceso de elaboración del informe para la segunda discusión.
Culminó el debate la diputada Rodbexa Poleo, quien reconoció la labor que desarrolla el Gobierno Nacional en la defensa de los DDHH con la finalidad de fortalecer el Estado democrático, social, de derecho y de justicia que existe en el país.
Agregó que la propuesta de ley se suma al acatamiento del ordenamiento jurídico internacional que regula esta materia y al contenido del artículo 25 de la CRBV. Señaló que es un proyecto que permitirá luchar contra la corrupción, la burocracia, la ineficiencia y la indolencia. Llamó a los funcionarios y funcionarias a cumplir su deber desde el marco jurídico vigente y apegados a los valores que deben guiar a todo ser humano.
El proyecto fue remitido a la Comisión Permanente de Política Interior, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales para el desarrollo de la consulta pública y la elaboración del informe para su segunda discusión.
