Periodista: Prensa An / Fotografo: Prensa An
La Mesa Interinstitucional para la Defensa y Vigilancia de los Derechos Humanos evalúa la creación de una superintendencia nacional que vigile los costos y servicios de las clínicas privadas.
El grupo de trabajo, en el que la Asamblea Nacional (AN) participa, analizó la propuesta en función de la necesidad y el derecho del pueblo de una atención optima en salud en los referidos centros, sin que sean sometidos a la especulación o al sobreprecio.
Así lo informó el presidente de la Subcomisión de Salud, diputado Eduardo Puerta, al término de la reunión de la mesa de trabajo que se realizó este martes en la sede de la Defensoría del Pueblo. El parlamentario indicó que con la creación de esta superintendencia se cumple el mandato del pueblo que exige la regulación urgente de estos servicios médicos asistenciales privados, especialmente en tiempos de pandemia.
Por su parte, el defensor del pueblo precisó que además de la inspección en las clínicas privadas, está previsto supervisar los centros de hemodiálisis. Exhortó a denunciar los cobros excesivos de cualquier institución privada por el 0800 - Fisca00, así como a través del 0800-Lojusto o acudir a las oficinas de la Defensoría del Pueblo.
Comentó que en estos momentos los estados inspeccionados son Barinas y Apure. Agregó que en los próximos días serán visitadas las clínicas de la región central del país y el Distrito Capital. Dijo que cualquier clínica privada puede solicitar su inspección o ese acompañamiento por parte de la Asamblea Nacional, de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora o de la Sundde. "Es muy importante la participación del sector privado, por eso les hacemos un llamado”, subrayó.
En cuanto al tema de la vacunación contra la Covid-19, Alfredo Ruiz destacó la importancia del compromiso de todas las comunidades, consejos comunales, comités de salud. “Que no quede ninguna persona adulta mayor sin vacunarse", expresó al tiempo de hacer referencia a la nueva jornada de vacunación que iniciará en septiembre.
La mesa interinstitucional, que preside la Defensoría del Pueblo, está integrada por representantes de la Asamblea Nacional, el Ministerio Público, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg), el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, entre otras instituciones públicas y privadas.
