Periodista: Prensa An / Fotografo: Prensa An
La “Comisión especial para investigar las acciones perpetradas contra la república por parte de la directiva y miembros de la Asamblea Nacional del periodo
Un equipo de 28 diputados conforma esta comisión especial que en su investigación ha evidenciado los colosales daños económicos, sociales y políticos que generaron al país las actuaciones de ese grupo de parlamentarios que, “durante los últimos 5 años, utilizó su investidura para la destrucción con un entramado de corrupción apoyado internacionalmente”.
El informe preliminar de la investigación, presentado en la plenaria de la Asamblea Nacional el pasado 04 de marzo, señala que no existe precedente histórico de tantos hechos como los acontecidos en Venezuela durante este periodo legislativo, encaminados a la destrucción de un Estado-Nación. Fueron ejecutados 177 actos legislativos dirigidos a acabar con el actual sistema de Gobierno Republicano, los cuales han causado un desmesurado daño a la población venezolana.
Se afirma en el documento que no ha existido, ni existe, un país en el mundo cuyo asedio esté fraguado con el apoyo de factores políticos internos, movidos por intereses políticos, económicos y personales, quienes calificándose como opositores y representantes de un gran sector de la población, promuevan la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, humillantes y perversas que inciden en toda la población.
La metodología
Los 28 parlamentarios de diversas tendencias políticas, que conforman la comisión especial, interpelaron y recopilaron testimonios de diversos actores vinculados a los sucesos; analizaron documentos; compararon hechos, declaraciones públicas y confesiones de los principales protagonistas de los “crímenes cometidos durante el ejercicio legislativo del periodo constitucional 2015-2020”.
La comisión especial, dirigida por los diputados José Brito (presidente), Hugbel Roa (primer vicepresidente) y Vanesa Montero (segunda vicepresidenta), individualizó las responsabilidades políticas presentando una cronología de los actos legislativos que las diferentes directivas ejecutaron durante el periodo objeto de estudio.
Esto permitió observar con claridad cada una de las violaciones que fueron cometidas por esa Asamblea Nacional y establecer responsabilidades políticas, administrativas, y penales que serán aportadas a los órganos competentes del Estado. También se cuantificaron los daños materiales, patrimoniales, políticos, sociales, económicos y morales generados al país.
Autoproclamación, desacato, intromisión y subversión
En el ámbito político se destaca, como un acto sin precedentes y violatorio de la constitución, el establecimiento de un gobierno paralelo de autoproclamación, con el manifiesto propósito de producir el derrocamiento del Gobierno Nacional, no afecto a los intereses de algunas potencias mundiales, sin importar las consecuencias destructivas que, sobre la República y los ciudadanos, ha tenido esta cruel estrategia.
Igualmente, es trascendente la declaratoria de desacato a esa Asamblea Nacional, que trajo como consecuencia la nulidad de todos los actos emanados del Legislativo, tras desconocer la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenaba desincorporar a cuatro diputados, hasta tanto no se resolviera una controversia sobre irregularidades en su elección.
Se señalan también, como violatorias, las actuaciones de los diputados tendientes a solicitar la intervención de organismos e instancias internacionales en asuntos internos de la República y la intromisión del Poder Legislativo, asumiendo atribuciones que constitucionalmente son propias del Poder Ejecutivo.
Necesario es recordar que esa Asamblea Nacional insistió en sancionar una ley de amnistía para civiles y militares que, según el TSJ, no solamente les serviría para deslindarse de los delitos cometidos en los intentos de desestabilización pasados, sino para ampararse hacia el futuro frente a cualquier acción delictiva que cometieran. Aprobaron así un acuerdo para declarar la usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro, violentando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) al desconocer la investidura de su titular “y, la más grave, al titular de la soberanía, el pueblo, quien lo escogió en comicios transparentes, mediante el sufragio universal, directo y secreto”.
En sus “actos legislativos” designaron una junta la administradora ad-hoc en el exterior de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), designaron un procurador especial para defender los intereses de la petrolera y sus filiales en el exterior. Designaron una junta directiva ad hoc de Pequiven y de su filial Monómeros Colombo Venezolanos, S.A, así como una comisión para la reorganización de Telesur Venezuela y sus empresas filiales.
Nombraron juntas administradoras ad-hoc de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), del Banco Central de Venezuela (BCV), para los activos que representan la reservas internacionales de la República, que actualmente se encuentran depositadas o custodiadas por instituciones bancarias o financieras extranjeras; designaron un contralor general, una fiscal general, magistrados del TSJ, embajadores ante los países que reconocieron a Guaidó como presidente de la República, entre otros.
Todos estos actos, que se señalan en el informe, estuvieron destinados a subvertir el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, con el fin último de destruir el sistema de Gobierno Republicano, debilitando el sistema económico y financiero nacional e internacional, para causar un descomunal daño a la población y crear un estado de inconformidad general.
194 mil millones en pérdidas
Para evidenciar el daño patrimonial que las acciones ejecutadas generaron al país, el presidente de la comisión, diputado José Brito, utilizó las estimaciones hechas por la economista Pascualina Curcio, quien calculó las pérdidas de la nación en 194 mil millones de dólares.
En el ámbito petrolero se destacan los efectos de las medidas coercitivas y unilaterales, establecidas por los Estados Unidos de Norteamérica, que redujeron en 99% los ingresos del Gobierno Nacional, por lo que el país, debido a estas acciones, vive actualmente con el 1% de sus ingresos en relación a periodos y contextos pasados.
En el informe se referencia el señalamiento de Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas: “En enero de 2019, tras reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos aplicó más sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios claves del gobierno, e impuso al país un embargo económico total en agosto. Le dio al parlamentario (Juan Guaidó) el control de los activos y propiedades del Gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses y sancionaron a los sectores del oro, minería, alimentos, criptomonedas y banca”.
Derechos humanos vulnerados
En este aspecto la comisión resalta cómo el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por EE. UU. contra Venezuela generó un impacto de grandes dimensiones en la economía del país, en su desarrollo social y, sobre todo, en la imposibilidad del Estado de importar bienes de primera necesidad como alimentos, medicinas e insumos para los servicios de salud.
También señalan que el impedimento para obtener divisas, de manera regular dentro del mercado internacional, golpea el sistema productivo venezolano, afectando la generación y conservación de empleos, atentando directamente contra el derecho al trabajo y lesionando de manera indirecta otros derechos fundamentales del ser humano al no poder satisfacer sus necesidades de alimentación, salud educación y vivienda.
Continúa la flagrancia
La comisión denuncia en su informe que los hechos que contribuyen de manera consecutiva al daño patrimonial de la Republica continúan en progreso y sigue en ejecución la flagrancia persistente de actos inconstitucionales.
Los parlamentarios exhortan a la Fiscalía General de la República y a la Contraloría General de la República a tomar las medidas urgentes y necesarias para evitar que se sigan cometiendo los actos de usurpación de las funciones de la Asamblea Nacional y demás Poderes Públicos.
Actualmente la comisión especial se encuentra haciendo uso de la prórroga por 45 día, que le otorgara la plenaria de la AN el pasado 4 de marzo, a fin de que concluya sus investigaciones, para lo cual han solicitado la comparecencia de 55 ciudadanos involucrados en los hechos irregulares, para conocer la verdad.
Finalmente piden que se hagan públicas las resultas de la presente investigación para que cada venezolano, en el país y en el mundo, conozca la verdad del porqué de la situación económico fiscal de la República, se identifique a los responsables y sean condenados.
