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Fiscal Tarek William Saab: Recibí un ministerio estructurado para delinquir

Fecha: 25/02/2021

Periodista: Prensa An / Fotografo: Prensa An

Prensa AN

El Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela,  Tarek William Saab, presentó este jueves la memoria y cuenta de su gestión de los últimos tres años ante la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), en donde expresó que el saliente parlamento, con sus acciones antidemocráticas, cerró espacios para el diálogo y la cooperación entre los poderes públicos.

Dentro del balance presentado, destacó las acciones del Ministerio Público de agosto de 2017, cuando estando el país casi en medio de una guerra civil, se continuó trabajando para lograr reconstruir una institución fundamental para la democracia venezolana, la cual, a su juicio, recibió en ruinas, no solo en el aspecto estructural y funcional sino en lo moral y ético.

“Recibí una especie de cartel transnacional del delito, del crimen organizado, totalmente estructurado para delinquir, desde su lamentable y tristemente célebre ex fiscal, hoy prófuga de la justicia (haciendo referencia a Luisa Ortega Díaz), hasta el más modesto de los fiscales provisorios o auxiliares de la época. Todos ganados para la matraca, el cobro, la promoción del delito, la corrupción, la extorsión,  el desvío del sentido de la justicia”.

Dijo que el país ahora cuenta con una institución proclive a la justicia, baluarte y garante de la estabilidad democrática, de la prominencia de los derechos humanos, pese a las acciones con las que sectores apátridas pretenden alterar la paz y la tranquilidad de los venezolanos.

Sobre el tema de los derechos humanos, manifestó que una de las primeras cosas que hizo al llegar  a la institución fue elevar la Dirección General de los Derechos Humanos para luchar contra el terrorismo y las actividades violentas insurreccionales. “El terrorismo se desató en medio de una impunidad absoluta durante los meses de abril, mayo, junio, julio del 2017. El Ministerio Público de entonces estuvo inactivo totalmente, permitió la quema de ciudadanos en las calles y la acción ilimitada de grupos armados, entrenados para matar a gente de seguridad del Estado. Se pretendió institucionalizar la impunidad”.

El MP trabaja contra el terrorismo y los golpes de Estado

Resaltó Tarek William Saab que el Ministerio Público ha trabajado profundamente en las investigaciones sobre los intentos de derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro por la vía violenta, que comenzaron con el intento de magnicidio el 4 de agosto del año 2018. “Una acción inédita en el hemisferio occidental, el uso de drones para atentar contra la vida del jefe de Estado y de quienes se encontraban en la tarima presidencial en ese momento. Una masacre que hubiese sellado la vida de, aproximadamente, 100 personas incluyendo al Alto Mando Cívico Militar de la Patria”.

Precisó que, luego de este evento, sucedieron seis acciones armadas, conspiraciones que tenían como objetivo asesinar al mandatario nacional y a otras autoridades del país, para propiciar un derrocamiento del gobierno. Subrayó que el Ministerio Público ha tenido una actuación clave para la identificación y la condena de los implicados en estas acciones y se refirió a tres casos específicos: el intento de magnicidio del 4 de agosto del año 2018. Por este caso fueron privados de libertad 20 personas, y luego 54 personas más involucradas en estos hechos, de los cuales 16 se encuentran en alerta roja en Interpol. Los otros dos casos fueron el intento de golpe de Estado del 30 de abril del año 2019, en el que se identificaron 33 personas, a quienes se les solicitó orden de aprehensión y fueron capturadas. “Luego sucede la incursión de mercenarios en las costas venezolanas, entre ellos dos extranjeros ex boinas verdes. Esa fue la llamada ´Operación Gedeón´, que intentaba asaltar el poder y acabar con la democracia venezolana, allí se logró la captura a 85 implicados”.

El MP y la lucha contra el Narcotráfico

Por otra parte, señaló que el Ministerio Público ha emprendido una lucha contra el narcotráfico, contra mafias que utilizan al país como puente para el tránsito de la droga producida en Colombia, y vendidas principalmente en Estados Unidos y Europa. “A Venezuela le ha tocado como vecino un 'narcoestado´, el principal productor de cocaína del mundo, que además se ha constituído en un centro de conspiración contra nuestra democracia. Las mafias del narcotráfico colombiano están directamente involucradas en el financiamiento y protección de grupos terroristas que pretenden atacar a Venezuela”.

Indicó que en la lucha contra tales mafias de la droga, entre agosto de 2017 y diciembre de 2020, el Ministerio Público ha presentado 15 mil 431 acusaciones, de las cuales se han condenado a 5 mil 930 personas por tráfico de drogas en sus distintas modalidades. Saab celebró la labor de los cuerpos policiales y militares que han logrado la incautación de unas 40,6 toneladas de marihuana y 93,9 toneladas de cocaína, durante los operativos de combate de estas mafias de la droga.

En este sentido, informó que fue creada la Oficina contra la Delincuencia Organizada en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, con fiscales antidrogas, contra la extorsión y de prevención contra la legitimación de capitales. “También en Caracas fue creada la Fiscalía 163 en materia de legitimación de capitales y delitos económicos. La capital solo contaba con la Fiscalía  23 para atender esta materia”, apuntó. 

Añadió que Durante el periodo 2017-2020, se logró denunciar 28 casos de complot en contra de la industria petrolera venezolana, que se trataban de casos de corrupción que ocasionaron un desfalco a la nación de miles de millones de dólares, siendo investigados, para aquel entonces, unas 194 personas pertenecientes a la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales, de las cuales 103 han sido judicializadas.

MP creo en 2019 la fiscalía para proteger a la Familia y la Mujer

Saab indicó que en el caso de la Dirección General para la Protección a la Familia y la Mujer, se creó en el año 2019 la Fiscalía 96° Nacional especializada en trata de niños, niñas y adolescentes y la Fiscalía 95° Nacional, especializada en el delito de trata de mujeres. En diciembre de ese mismo año se creó la Dirección General contra la Corrupción y la Coordinación, con su respectiva coordinación de bienes asegurados, en cuanto a materia ambiental, y ampliaron la competencia para casos de derecho en faunas doméstica y silvestre. Destacó la reciente creación de una Oficina Nacional de Atención a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Y con respecto a las organizaciones criminales dedicadas a la legitimación de capitales y los delitos financieros, dijo que se han presentado 8.618 acusaciones y han sido condenadas 5.963 personas; mientras que contra la extorsión y el secuestro, han sido consignadas 2.781 acusaciones y condenados 333 involucrados.

En lo que respecta a delitos comunes, en relación a estos últimos tres años y medio (diciembre 2020), el fiscal general aseveró que han ingresado 786.105 casos, se han realizado 1.092.817 actuaciones y se han presentado 111.969 acusaciones desde agosto de 2017. “Estas son cifras que merecen reconocimiento a nuestros trabajadores del Ministerio Público quienes en medio del asedio contra nuestro país se han mantenido firmes dejando en alto la institución”. Informó que para este periodo se han recuperado además 16.693 vehículos y se han entregado 34.647.

Al hablar sobre los delitos de violencia contra la mujer y contra los niños, niñas y adolescentes, dijo que la institución está en la vanguardia en materia de judicialización ya que el Ministerio Público tiene a disposición de la población venezolana 72 oficinas fiscales especializadas en la atención e investigación penal de los delitos de violencia contra la mujer. Ante ello, les hizo un llamado a las mujeres a no tener miedo y a denunciar cualquier agresión o maltrato que ponga en riesgo su integridad física y psicológica.

Servicio de abordaje integral a víctimas de delitos de violencia de género

Adicional a las fiscalías especializadas, el MP cuenta con un servicio de abordaje integral a víctimas de delitos de Violencia de Género, ubicado en el Área Metropolitana de Caracas, espacio creado con miras a fortalecer y apoyar las actuaciones de los fiscales con competencia en la defensa de la mujer, resaltó. Señaló que desde su llegada al MP se han realizado 170.789 actuaciones en casos de violencia contra la mujer y se han presentado 12.508 acusaciones. “Cero impunidad contra este delito que muchos pretenden banalizar. Aquí en Venezuela teniendo un Estado garante de los derechos humanos, una democracia participativa y un sistema de justicia, no puede existir la cultura machista de querer apartar y diezmar a la mujer, incluso físicamente por vía de la violencia. En esta Patria eso está vetado y quién lo haga tendrá encima todo el peso de la Ley”.

En este sentido, el Ministerio Público ha conocido 610 casos de femicidios, de los cuales más de 50% ha recibido acto conclusivo. “Hago un llamado para que exista máxima diligencia procesal en delitos de esta naturaleza”, enfatizó.

Proyecto de Ley para la Defensa del Ambiente y Contra el Maltrato Animal

Mencionó que desde julio de 2020 los fiscales con competencia en materia ambiental conocen los casos relativos a fauna doméstica, lo cual antes eran conocidos por fiscalías municipales, para ello, se amplió la competencia de la Fiscalía 89ª Nacional de Defensa Ambiental para que conozca de forma especializada en fauna doméstica.

“Desde que hicimos este cambio, se han abierto 93 causas por maltrato a la fauna doméstica y han sido aprehendidas 85 personas. También impulsamos, a través de la Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental, la propuesta de reforma a la Ley Penal del Ambiente, ya que se determinó que las sanciones tipificadas en ella no son acordes al perjuicio producido. Sin embargo, los cambios propuestos han sido de tal magnitud que hemos optado por presentar, como lo hice ayer ante la Comisión de Política Interior de la AN, un proyecto de Ley para la Defensa del Ambiente y Contra el Maltrato Animal, donde se  incorpora nuevos tipos penales ambientales, seremos un Estado vanguardia en esta materia”, informó.

En cuanto al tema de la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela, William Saab dijo que la propaganda de los medios transnacionales distorsionan la realidad en el país y han querido colocar a la nación como un Estado forajido y violador de derechos humanos. “Se ha pretendido segregarnos, sancionarnos y hasta invadirnos. Sabemos cómo demostrar la labor del Estado para enfrentar la violación de DD.HH”.

Acotó que solo se podrá avanzar a través de la justicia, los derechos humanos, el diálogo entre valientes y la reconciliación entre venezolanos que quieren un país libre. “No podemos permitir que la cultura de la impunidad vuelva a ser norma”.

Entre 2017 y 2020 el MP imputó a 677 funcionarios de seguridad de Estado y 39 civiles por presuntas violaciones a los derechos humanos. Fueron aprehendidos por estos delitos un total de 519 funcionarios de distintos organismos y 29 particulares, asociados a esos delitos.
En este periodo fueron acusados 1.019 funcionarios y 136 civiles por casos de homicidio, tortura, tratos crueles, tratos inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad, violaciones de domicilio, y demás delitos contemplados en la legislación, logrando sentencias condenatorias contra 171 funcionarios de seguridad de Estado y 13 civiles. “Son cifras que hablan de un esfuerzo sostenido, que busca dar ejemplo e inhibir a cualquier funcionario de abusar y atentar contra la integridad o la vida de los ciudadanos”.

Aseguró que parte de lo dicho reposa en los informes entregados a la Corte Penal Internacional y a la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, la expresidenta Michelle Bachelet. Resaltó la reunión sostenida en 2020 con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), a la cual le hicieron llegar un amplio y documentado informe de respuesta a sus solicitudes de información. Adicionalmente, durante este mes de febrero, enviaron un segundo informe de ampliación a lo ya presentado, “en el que reiteramos nuestra disposición a colaborar con la CPI”.

Propuesta de Ley para la ampliación de los Derechos Humanos

El fiscal Tarek William Saab propuso nuevamente la elaboración de una mesa interinstitucional para abordar el retardo procesal, como lo dijo en el año 2016, cuando era Defensor del Pueblo, así como la necesidad de construcción de nuevos centros de detención preventiva y centros de reclusión, con atención permanente del Ministerio de Salud y el Ministerio para los Servicios Penitenciarios. “No es un hecho que debemos ver de forma excepcional, es el día a día de nuestras instituciones. Quiero destacar que hemos elaborado proyectos de ley para la ampliación de los derechos humanos”. Indicó que en la Carta Magna, en el artículo 62, se establece que la enunciación de los derechos y garantías que ella contiene y los que existen en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, “esto no debe entenderse como negación de otros DD.HH, que siendo inherentes a la persona, no figuran expresamente en ellos. Es por ello, consideramos de importancia para avanzar en esta materia, ampliarlos elevando ante esta honorable AN, seis proyectos de Ley con el fin de dar respuesta a los nuevos tiempos que se viven, y tomando los aprendizajes que la experiencia nacional e internacional nos ha aportado”.

Agrego que junto a la propuesta para ampliar los derechos humanos, fueron presentados otros cinco proyectos que desarrollan derechos específicos, que son el Proyecto de Ley para la Defensa del Ambiente y contra el Maltrato Animal, el Proyecto de Ley de Responsabilidad Empresarial en materia de Derechos Humanos, Proyecto de Ley para Sancionar Delitos Cometidos a Campesinos, Pescadores e Indígenas que buscan desplazarlos de sus Hábitats, así como el Proyecto de Ley para Optar Voluntariamente a una Muerte Digna, en caso de personas  con  enfermedades terminales o de extremo dolor permanente; y, por último, la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

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