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Caracas - Venezuela
22 de Enero 2018 / 04:36 am

Mercosur conocerá informe final sobre grave situación de DDHH en Venezuela

Fecha: 08/06/2017

La parlamentaria destacó la importancia de haber realizado la segunda Audiencia Pública en la sede de la Asamblea Nacional y dijo que en esta oportunidad sí participaron los diputados del PSUV

Yira Yoyotte/Fotos: Luis Dávila y Bárbara Peña

Caracas.- La diputada Dennis Fernández (Unidad-Cojedes), segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y miembro del Parlamento del Mercosur (Parlasur) dijo, al concluir la segunda Audiencia Pública sobre derechos humanos, que dicha reunión cobra una importancia fundamental dado que se realizó en un momento crucial para nuestro país.

La parlamentaria destacó, entre otras cosas, que a diferencia de la primera, en este encuentro sí participaron representantes del PSUV (Partido de Gobierno), ONG’s de ambas tendencias y personas que han sido brutalmente reprimidas, encarceladas y perseguidas por los cuerpos de seguridad del Estado.

“Se trató entonces de una reunión amplia en la cual todas las partes pudieron expresar libremente sus puntos de vistas. Hoy hemos escuchado testimonios muy impactantes, en consecuencia, se redactará un informe objetivo y muy contundente sobre la flagrante violación de los derechos humanos en nuestro país”, precisó Fernández no sin antes explicar que el mencionado informe se someterá a consideración de la plenaria del Mercosur y de ser necesario será llevado a instancias superiores, si fuera el caso.

La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional dijo que durante la mencionada Audiencia Pública se conoció, entre otras cosas, que durante los meses de abril y mayo del presente año se han llevado a cabo 1.791 manifestaciones, que las protestas se mantienen ininterrumpidamente desde hace 68 días, que lamentablemente han sido asesinadas 67 personas sobre todo jóvenes que no llegan a los 25 años de edad, que los cuerpos de seguridad han arrestado a unas 3.106 personas, incluyendo ancianos, discapacitados y menores de edad, que los cuerpos de seguridad, especialmente la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana ha utilizado lacrimógenas vencidas y métodos desmedidos para torturar, que algunas féminas detenidas han sido abusadas sexualmente y que 370 civiles han sido sometidos a la justicia militar violándoles el derecho a la defensa y a su juez natural.

“Estamos muy agradecidos de la presencia y el trabajo que han realizado en suelo venezolano nuestros colegas de Argentina, Uruguay y Paraguay. Luego de tomar nota de todos estos testimonios y procesar la información (documentos y videos) que hemos recibido los miembros de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur que preside la colega Cecilia C. Britto procederá a realizar el informe que será sometido a la plenaria que se realizará en los próximos meses en Uruguay” expresó la parlamentaria.

La  diputada Dennis Fernández dio mucha importancia a que en el lugar recibió varias denuncias sobre violación de derechos humanos. Agregó que le fue entregada, por ejemplo, una carta realizada por los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Nacional en la cual manifiestan su preocupación dado que en estos momentos no gozan de la póliza de HCM (seguro de vida) porque la ONAPRE se niega a cancelar la deuda por este concepto.

“No cabe la menor duda que esto constituye una violación de los derechos humanos. En estos momentos los trabajadores del Parlamento venezolano se encuentra desamparados, sin seguro de vida, sin medicinas, sin atención médica adecuada. Además tampoco les cancelan las prestaciones sociales a los que cumplen sus años de servicios. Es una situación inaceptable”, añadió luego de indicar que es la primera vez, en la historia republicana del país que los trabajadores de la institución son involucrados en un conflicto político entre las bancadas que hacen vida dentro de la institución.

Venezuela demanda una atención especial

Por su parte la diputada argentina Cecilia C. Britto, presidenta de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, dijo, al culminar el encuentro, que esta instancia regional tiene la obligación de hacer este tipo de visitas in situ y que dichas actividades deben ser asumidas como algo cotidiano.

“Este tipo de audiencias las hacemos en todos los países del continente, lo que sucede es que Venezuela demanda en los actuales momentos una atención especial, tanto que esta es la segunda audiencia que se lleva a cabo en menos de un año”, dijo Britto.

La honorable visitante no descartó que el Informe final que se realizará será muy institucional, no político, pero muy contundente.

“Debo reconocer el esfuerzo que han hecho los diputados de la MUD por hacer realidad esta audiencia aquí en Caracas, ahora necesitamos concretar la agenda de mañana que no es otra que poder visitar a los presos políticos que se encuentran en la Cárcel de Ramo Verde, El Helicoide y la residencia del Alcalde Antonio Ledezma”, agregó Britto.

Los participantes

La mencionada audiencia se realizó este jueves en el Salón Protocolar del Palacio Federal Legislativo y se prolongó por más de 4 horas. Al principio contó con la presencia de los diputados Julio Borges y Freddy Guevara, presidente y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, pero éstos luego de instalar y dar las palabras de bienvenida se fueron al Hemiciclo de Sesiones a realizar la plenaria en la cual se aprobó un voto de censura contra el Ministro del Interior, Justicia y Paz, Mayor general Néstor Reverol.

Además de diputados venezolanos y extranjeros participaron representantes de los ONG’s Transparencia Venezuela, Foro Penal Venezolano, Víctimas de las Guarimbas, Asociación de Víctimas del 11-A, Provea, Justicia Venezolana, Fundalatin, Fundación Ricardo Durán, Justicia y Proceso y Codevida. Todos expusieron los casos de abusos de autoridad, asesinatos, torturas, violación al debido proceso y represión desmedida.

Llamó poderosamente la atención el testimonio de una joven (nos reservamos el nombre por respeto a su dignidad) que fue arbitrariamente detenida por funcionarios de la Guardia Nacional. Aseguró que ese día, en mayo pasado, caminaba hacia la casa de su mamá donde se encontraban sus dos pequeños hijos cuando tuvo el infortunio de tropezarse con el contingente de uniformados.

“No solo me detuvieron arbitrariamente, no estaba haciendo nada, solo caminar hacia la casa de mi mamá. Fui llevada a golpes a una zona cercana a la detención, allí me hicieron de todo, me drogaron, me golpearon y me violaron. Luego fue llevada al comando, eso me pareció un campo de concentración, allí había una gran cantidad de personas en condiciones inhumanas, todas golpeadas y durmiendo encima de sus orines y heces fecales”, relató la víctima.

La joven explicó que finalmente fue puesta en libertad bajo régimen de presentación y ahora pesan sobre ella dos delitos de índole penal.

No obstante, luego de escuchar los testimonios de personas que se identifican con el Gobierno nacional, como la hermana de Ricardo Durán, profesional de la comunicación que fue asesinado el 19 de enero de 2016  y el padre de un joven que murió degollado en el 2014 se puede llegar a la conclusión que ni ellos están satisfechos con la actuación del sistema de justicia venezolano debido a que en ninguno de esos casos aún hay culpables señalados de manera categórica.

Atrocidades contra parlamentarios

Los diputados William Dávila, José Manuel Olivares, Delsa Solórzano, Jesús Yánez, Eudoro González, Romel Guzamana y Oscar Ronderos, entre otros, tomaron la palabra no solo para indicar las violaciones que se cometen al anularle sus respectivos pasaportes y no dejarlos viajar en las líneas aéreas nacionales sino para relatar las atrocidades que se han cometido en cada uno de ellos: golpeados, arrastrados, rociados con orine y heces fecales, insultados, expuestos al escarnio público, sin sueldo, sin viáticos y acusados ante el Ministerio Público.

Guzamana no dejó pasar la oportunidad para denunciar, una vez más, que el estado Amazonas no tiene representatividad parlamentaria porque en diciembre de 2015, apenas se ganaron las elecciones del 6 de diciembre, el Tribunal Supremo de Justicia los acusó de haber “comprado votos” y en consecuencia los desincorporó de su curul.

“Ahora para colmo el Gobernador del estado Amazonas ha sido inhabilitado. Cuál será el destino entonces del estado Amazonas”, se preguntó el representante de los pueblos indígenas.

Por su parte, los diputados del PSUV Saúl Ortega y Yul Jabour se limitaron a decir que en Venezuela no existe ninguna dictadura y que es totalmente falso que sean los funcionarios de la GN los asesinos de las personas que han fallecido durante los últimos 68 días de protestas.

Ambos pidieron a los delegados visitantes que tomen en cuenta la desmedida guerra mediática y económica que amenaza constantemente al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

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