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Caracas - Venezuela
25 de Abril 2018 / 10:04 am

Delsa Solórzano: Víctimas de masacre de Barlovento esperan por respuesta del Estado

Fecha: 29/11/2017

La Comisión Permanente de Política Interior presentó un balance de hechos de violación de  derechos humanos en 2017

Roberto Barraza / Prensa AN

Caracas.- La presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), diputada Delsa Solórzano (Unidad Miranda), denunció que a un año de haber sido presentado en plenaria el caso de la masacre de Barlovento los familiares de las víctimas aún siguen esperando respuestas por parte del Estado venezolano.

El pronunciamiento fue hecho durante la reunión ordinaria de la mencionada comisión en esta última semana del mes de noviembre, en la que se presentó un balance de los hechos de violación de derechos humanos (DDHH) en 2017, como paso previo a su rendición de cuentas previsto para el venidero 6 de diciembre. 

 "No basta con que varios de los funcionarios estén detenidos. Se trata de la clarificación en cuanto a la totalidad de las víctimas y la indemnización que les corresponde", dijo la parlamentaria quien también agregó que Venezuela sigue siendo el país del mundo occidental donde más se violan los derechos humanos.

Mencionó, además, que en la reunión se presentaron casos relativos a la salud, falta de medicinas, pérdidas de vidas humanas, violación de los derechos humanos económicos y la represión.

La parlamentaria Solórzano precisó que estuvieron presentes las víctimas de la  Operación Liberación del Pueblo (OLP) y Suguei Armas, madre de Neomar Lander, entre otros.

"Todos los casos que se escucharon fueron remitidos a la Defensoría del Pueblo cuando su titular era Tarek William Saab y nunca nos dio respuesta", sentenció la legisladora.

A manera de introducción se abordó el caso del estado Aragua por ser considerado emblemático, el cual fue presentando por los abogados  defensores de las víctimas.

El abogado Martín López Ríos, activista de DDHH y coordinador de la Defensoría Ciudadana (Brazo Anexo), relató que en el citado estado hubo 252 presos políticos, de los cuales 47 aún continúan en esa situación.

También adelantó que hubo 1.500 detenciones arbitrarias, 3 violaciones sexuales y ataques con gases, perdigones y otras armas de fuego e hizo énfasis al caso de la UPEL (Universidad Pedagógica Experimental Libertador) con 22 hombres y 5 mujeres detenidos, quienes aún no terminan de ser procesados, hecho que catalogó como "guarimba judicial".

El jurista sentenció que 2017 ha sido un año particular por el hecho de que se han juzgado a civiles en jurisdicciones militares.

Con respecto al tópico anterior, la diputada Solórzano precisó que mientras algunos casos estuvieron bajo jurisdicción militar de manera irregular e inconstitucional, fueron tratados mejor por la propia fiscalía militar que por la Fiscalía General de la República.

"Es un ente inoperante desde el punto de vista de la administración de la justicia y tampoco da respuesta real a las víctimas de la represión", concluyó. 

 

 

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