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Caracas - Venezuela
19 de Junio 2019 / 12:45 am

AN debatió actos de ecocidio por la minería ilegal en los estados Amazonas y Bolívar

Fecha: 23/04/2019

Mayra Alejandra Sierra C. Prensa AN

Caracas,23/04/2019.- La plenaria de la Asamblea Nacional debatió este martes los actos de ecocidio en los estados Bolívar y Amazonas como consecuencia de la creación del Arco Minero del Orinoco ejecutado por Nicolás Maduro, para explotar una extensa zona con unas 7.000 toneladas de riqueza, y en medio de la acuciante crisis económica que atraviesa el país.

El debate inició con la intervención del diputado Luis Silva quien denunció el terrible ecocidio que se perpetra desde del año 2006 en la reserva forestal del Caura que abarca  más de 5 millones de hectáreas de selva incluyendo el 17% de flora  y 32% de fauna venezolana, “zona que ha sido inescrupulosamente atacada por la minería ilegal depredadora” que contamina con los recursos naturales.

Señaló que en el Caura conviven en mineros ilegales, bandas armadas, guerrilla colombianas con anuencia de un grupo de militares corruptos, que se reparten la extorsión impuesta a los mineros a través de las “coimas que tienen un costo 50 gramas de oro por cada máquina que esté funcionando en esa zona”.

El parlamentario mostró fotografías que evidencian la destrucción de la cobertura vegetal que se encuentra en el Río Guarataro, debido a este delito ambiental. “La población, en compañía de los diputados de la Asamblea Nacional, a través de las protestas pacíficas interrumpimos que ese ecocidio siguiera ocurriendo”.

Por último, Silva pidió que esta “barbarie ecológica” no quede impune y exigió castigar a los culpables. “La ley Penal del Ambiente, establece muy claramente que quien la violente requiere de una acción penal".

“Los ecocidas de Guarataro deben ir presos y resarcir los daños como lo establece el artículo 21 de la Ley Penal del Ambiente. A su vez, el juez debe establecer fianza, pedir la retención de materiales y autorizar el embargo preventivo a los bienes de los delincuentes hasta por el doble del daño causado, tal como lo estipula el artículo 26 de la referida Ley”, acotó.

Prosiguió el debate la diputada Maury Baloa, denunció que en el Parque Nacional Cerro Yapacana, en el estado Amazonas, desde hace 5 años aproximadamente, “se destruyeron 590 hectáreas de reservorio vegetal” causado por la explotación de la minería ilegal operada por  grupos armados de la Farc, ELN  junto a militares de los cuatro componentes de las fuerzas armadas venezolanos.

Como consecuencia, recalcó que las acciones deliberadas de la minería ilegal originan la contaminación de las aguas, desencadenando la proliferación de enfermedades como  de diarrea, tuberculosis, sida, malaria, anemia, entre otros.

Baloa alertó que el régimen usurpador pretende legalizar la minería en el estado Amazonas, lo cual constituye una grave amenaza a nuestro ecosistema.

Por su parte, el diputado Ángel Álvarez, dio a conocer sobre la instalación de campamentos ilegales operados por el cartel de los soles en el estado Amazonas y Bolívar, para explotar oro, coltán, diamante y bauxita, entre otros minerales con el uso de cianuro y mercurio, dos compuestos usados para la extracción de mineral que han causado la desmedida de la contaminación de la flora y fauna.

Seguidamente, el diputado Orlando  Ávila solicitó reactivar la petición de nulidad del Decreto del Arco Minero del Orinoco que “reposa silente” en la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para detener definitivamente la destrucción de la reserva hídrica y vegetal del territorio venezolano.

Por último, el diputado José Gregorio Graterol, presidente de la Comisión Permanente de Ambiente, solicitó el respaldo de los movimientos ambientalistas internacionales para que fijen su mirada en la nación y garanticen que esta depredación ambiental pueda revertirse en Venezuela.

 

 

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