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Caracas - Venezuela
23 de Octubre 2018 / 11:45 pm
Iniciativa de:
Estado:
N° de Gaceta
Fecha
24/05/2018
Tipo de ley
Orgánica
Proyecto de Ley de Calabozos Policiales.
En los calabozos de las policías municipales, estadales y nacionales del país, se han venido presentando con mucha frecuencia graves hechos de violaciones a los derechos humanos. Se trata de sucesos que han conmocionado a la sociedad venezolana y que han tenido repercusión en organismos internacionales de DDHH. Masacres o episodios de muertes masivas de detenidos, como los ocurridos en agosto de 2017 en el Centro de Detención Judicial del estado Amazonas, donde fallecieron 37 presos, o el más reciente acaecido en marzo de 2018 en los calabozos de la Policía de Carabobo, en el que murieron, según el parte oficial, al menos 66 detenidos y dos visitantes, aunados a otros cruentos eventos, evidencian que las circunstancias que rodean actualmente a los calabozos de policías del país, vulneran la obligación del Estado de proteger la vida de las personas privadas de su libertad, prevista en el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El caos que se viene generando en los calabozos de policía del país, también se ha expresado, entre otras formas, en fugas masivas de detenidos (muchos de ellos procesados por homicidio, secuestro, robo u otros delitos graves), casos de desnutrición que inclusive han provocado la muerte de varios detenidos, enfermedades que se multiplican, episodios de violencia entre reclusos que muchas veces han terminado con saldos fatales y denuncias de familiares que señalan que se les exigen pagos para el ingreso de alimentos o visitas a los detenidos. El hacinamiento, causado fundamentalmente por decisiones arbitrarias del Ministerio de Servicios Penitenciarios, que han obstaculizado el traslado del grueso de los detenidos a las cárceles formales, se cuenta entre las primeras causas generadoras de violaciones a los DDHH en los calabozos de policía. Desde la Defensoría del Pueblo se ha señalado que en la totalidad de estos recintos el número detenidos es cercano a los 30.000, muchos de ellos con meses y hasta años allí recluidos (algunos hasta con sentencias condenatorias). Esta misma institución ha comprobado igualmente que en algunas de estas estaciones policiales el hacinamiento ha alcanzado el 1.000%. Esta situación ha creado, de facto, una especie de sistema penitenciario paralelo al formal. La operatividad de los cuerpos policiales también se ha visto afectada por la situación irregular en los calabozos de estos organismos. Informes oficiales han señalado que el 30% de los policías del país están dedicados a labores de custodia y traslado a tribunales de detenidos, dejando de esta manera de estar en las calles protegiendo a la ciudadanía,lo cual es su labor principal y natural. Todo este caos se ha creado, en gran parte, porque hasta ahora el país no ha contado con un texto legal que contemple normas claras sobre el funcionamiento de los calabozos y las condiciones que éstos deben mantener. Tampoco hay estipulaciones claras sobre el tiempo máximo que los detenidos pueden permanecer en estos recintos. Ni el Código Orgánico Penitenciario ni la Ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana señalan nada al respecto. Esta importante carencia, es precisamente la que viene a cubrir la presente Ley. Reglas claras en el funcionamiento de los calabozos policiales evitarán que en el futuro, funcionarios irresponsables vuelvan a tomar decisiones que pongan en riesgo la vida y el resto de los DDHH de los detenidos. En el transcurso de los dos títulos, tres capítulos y 23 artículos con los que cuenta esta Ley, se desarrollan aspectos relativos a los derechos humanos de los detenidos y la formación que sobre este tema deben recibir los encargados de su custodia (Arts. 3,4 y 5); también sobre la infraestructura, las condiciones generales de los calabozos, los servicios con los que deben contar y las instituciones encargadas del cumplimiento de estas disposiciones (Arts. 6, 7, 10, 11 y 13); asimismo, sobre lo relativo al derecho de visitas a los detenidos y los espacios y horarios para ello (Arts. 8 y 9); el tiempo de permanencia máximo de los reclusos en los calabozos policiales para evitar el hacinamiento (Arts. 15, 16, 17 y 18); el derecho a la alimentación y al acceso al agua potable (Arts. 19 y 20) y las normas para la correcta clasificación de los detenidos (Arts. 21, 22 y 23). Por último, la disposición transitoria única establece un lapso máximo de 180 días para que el Ministerio de Servicios Penitenciarios coordine y concrete el traslado de todos los detenidos que se encuentren en los calabozos policiales en violación de las disposiciones contenidas en esta Ley.
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Proyecto de Ley de Calabozos Policiales.

 

 

 

 

 

 

Presidente: Dip. Delsa Solórzano.

Exposición de Motivos.


          En los calabozos de las policías municipales, estadales y nacionales del país, se han venido presentando con mucha frecuencia graves hechos de violaciones a los derechos humanos. Se trata de sucesos que han conmocionado a la sociedad venezolana y que han tenido repercusión en organismos internacionales de DDHH.


           Masacres o episodios de muertes masivas de detenidos, como los ocurridos en agosto de 2017 en el Centro de Detención Judicial del estado Amazonas, donde fallecieron 37 presos, o el más reciente acaecido en marzo de 2018 en los calabozos de la Policía de Carabobo, en el que murieron, según el parte oficial, al menos 66 detenidos y dos visitantes, aunados a otros cruentos eventos, evidencian que las circunstancias que rodean actualmente a los calabozos de policías del país, vulneran la obligación del Estado de proteger la vida de las personas privadas de su libertad, prevista en el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El caos que se viene generando en los calabozos de policía del país, también se ha expresado, entre otras formas, en fugas masivas de detenidos (muchos de ellos procesados por homicidio, secuestro, robo u otros delitos graves), casos de desnutrición que inclusive han provocado la muerte de varios detenidos, enfermedades que se multiplican, episodios de violencia entre reclusos que muchas veces han terminado con saldos fatales y denuncias de familiares que señalan que se les exigen pagos para el ingreso de alimentos o visitas a los detenidos.

El hacinamiento, causado fundamentalmente por decisiones arbitrarias del Ministerio de Servicios Penitenciarios, que han obstaculizado el traslado del grueso de los detenidos a las cárceles formales, se cuenta entre las primeras causas generadoras de violaciones a los DDHH en los calabozos de policía. Desde la Defensoría del Pueblo se ha señalado que en la totalidad de estos recintos el número detenidos es cercano a los 30.000, muchos de ellos con meses y hasta años allí recluidos (algunos hasta con sentencias condenatorias). Esta misma institución ha comprobado igualmente que en algunas de estas estaciones policiales el hacinamiento ha alcanzado el 1.000%. Esta situación ha creado, de facto, una especie de sistema penitenciario paralelo al formal.

La operatividad de los cuerpos policiales también se ha visto afectada por la situación irregular en los calabozos de estos organismos. Informes oficiales han señalado que el 30% de los policías del país están dedicados a labores de custodia y traslado a tribunales de detenidos, dejando de esta manera de estar en las calles protegiendo a la ciudadanía,  lo cual es su labor principal y natural.

Todo este caos se ha creado, en gran parte, porque hasta ahora el país no ha contado con un texto legal que contemple normas claras sobre el funcionamiento de los calabozos y las condiciones que éstos deben mantener. Tampoco hay estipulaciones claras sobre el tiempo máximo que los detenidos pueden permanecer en estos recintos. Ni el Código Orgánico Penitenciario ni la Ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana señalan nada al respecto. Esta importante carencia, es precisamente la que viene a cubrir la presente Ley.

Reglas claras en el funcionamiento de los calabozos policiales evitarán que en el futuro, funcionarios irresponsables vuelvan a tomar decisiones que pongan en riesgo la vida y el resto de los DDHH de los detenidos.

En el transcurso de los dos títulos, tres capítulos y 23 artículos con los que cuenta esta Ley, se desarrollan aspectos relativos a los derechos humanos de los detenidos y la formación que sobre este tema deben recibir los encargados de su custodia (Arts. 3,4 y 5); también sobre la infraestructura, las condiciones generales de los calabozos, los servicios con los que deben contar y las instituciones encargadas del cumplimiento de estas disposiciones (Arts. 6, 7, 10, 11 y 13); asimismo, sobre lo relativo al derecho de visitas a los detenidos y los espacios y horarios para ello (Arts. 8 y 9); el tiempo de permanencia máximo de los reclusos en los calabozos policiales para evitar el hacinamiento (Arts. 15, 16, 17 y 18); el derecho a la alimentación y al acceso al agua potable (Arts. 19 y 20) y las normas para la correcta clasificación de los detenidos (Arts. 21, 22 y 23).

Por último, la disposición transitoria única establece un lapso máximo de 180 días para que el Ministerio de Servicios Penitenciarios coordine y concrete el traslado de todos los detenidos que se encuentren en los calabozos policiales en violación de las disposiciones contenidas en esta Ley.

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIAVRIANA DE VENEZUELA DECRETA

La siguiente

LEY DE CALABOZOS POLICIALES.

TÍTULO I

GENERALIDADES.


Artículo 1. Objeto de la Ley. Esta Ley tiene por objeto establecer normas regulatorias sobre el funcionamiento de los calabozos policiales en todo el territorio nacional.

Artículo 2. Calabozos policiales. Se entiende por calabozos policiales, todos aquellos recintos, pertenecientes a las policías nacionales, estadales y municipales, destinados a albergar detenidas.

Artículo 3. Derechos Humanos. En los calabozos policiales todos los detenidos deben ser tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos como seres humanos. Ningún detenido podrá ser sometido a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 4. Normas aplicables. Los funcionarios policiales deben observar en el funcionamiento de los calabozos policiales, además de las disposiciones contenidas en esta Ley, todas las normas y principios sobre derechos de los detenidos establecidos en la Constitución de República, las demás leyes del país, los tratados y los documentos de organismos internacionales que sean aplicables, especialmente las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamientos de los Reclusos.



Artículo 5. Formación. Los cuerpos policiales procurarán que los funcionarios encargados de la custodia de los detenidos en los calabozos reciban una formación suficiente en materia de derechos humanos. Para ello los cuerpos de policía podrán establecer convenios o alianzas con las universidades y otras instituciones de educación superior, así como con organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos de los detenidos.

TÍTULO II

DE LOS CALABOZOS POLICIALES

CAPÍTULO I

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES GENERALES


Artículo 6. Condiciones generales. Los calabozos deberán cumplir con todas óptimas condiciones de higiene, climáticas, superficie mínima, iluminación y ventilación.

Artículo 7. No hacinamiento. Las autoridades policiales deberán velar de manera específica, porque en los calabozos policiales no se presenten circunstancias de hacinamiento.


Artículo 8. Espacios para visitas. Toda estación policial que cuente con calabozos para detenidos, deberá contar igualmente con espacios destinados para las visitas de familiares, personas allegadas y abogados defensores.

Artículo 9. Horario de visitas. El director del cuerpo de policía correspondiente será el encargado de establecer los días y horarios destinados a la realización de las visitas de los detenidos que se encuentren en los calabozos de la estación policial.



Artículo 10. De los baños. Las estaciones policiales que posean calabozos, deberán contar con baños para que los detenidos puedan ducharse y satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno y en forma aseada y decente.

Artículo 11. Servicios médicos. Toda comisaría o estación policial que tenga calabozos deberá contar con un servicio de atención sanitaria, con el personal y el equipo adecuado para proporcionar el tratamiento y la atención médica mínima que puedan requerir los detenidos.

Cuando por razones presupuestarias o de otra índole no se pueda instaurar este servicio de atención sanitaria en la estación policial, las autoridades policiales procurarán establecer la coordinación, los convenios y los acuerdos que sean necesarios para que el servicio de salud pública del Estado pueda encargarse de  la atención médica de los detenidos.

Artículo 12. Prohibiciones. Queda prohibido a las personas detenidas dentro de los calabozos policiales, la tenencia de los objetos y sustancias referidas en el artículo 18 del Código Orgánico Penitenciario.

Artículo 13. Medidas disciplinarias. Las disposiciones relativas a la disciplina que deben observar los detenidos en los calabozos policiales, deberán respetar los derechos humanos y estar acordes, en lo que corresponda, con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU. La determinación de las faltas que pudieran conllevar la aplicación de medidas disciplinarias deberá estar indicada en el reglamento de esta Ley.

Artículo 14. Supervisión. La Defensoría del Pueblo y El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, deberán supervisar periódicamente que las condiciones de los distintos calabozos de policía se adapten a lo establecido en la presente Ley.

CAPÍTULO II

LAPSOS DE PERMANENCIA.



Artículo 15. Lapso de Permanencia. Los detenidos solo podrán permanecer en los calabozos de policía por un tiempo máximo de 48 horas o hasta que el juez competente dicte su decisión sobre el mantenimiento o no de la privación de libertad.

Si el juez competente decide ratificar la detención mediante una medida judicial preventiva de libertad, el detenido deberá ser inmediatamente trasladado al establecimiento penitenciario designado en el respectivo auto de privación judicial preventiva de libertad.

Artículo 16. Medidas cautelares. Si la libertad del detenido depende del cumplimiento de las condiciones de una medida cautelar sustitutiva impuesta por el juez competente, el mismo podrá permanecer en la dependencia policial hasta un plazo máximo de 15 días. Si transcurrido este lapso no se ha dictado la libertad judicial del detenido, el mismo deberá ser trasladado al centro penitenciario que designe el órgano jurisdiccional.

Artículo 17. Prohibición. Salvo casos excepcionales, en el auto de privación judicial de libertad el juez competente no podrá designar como sitio de reclusión una estación o un calabozo de policía.

Artículo 18. Traslados. En ningún caso el Ministerio de Servicios Penitenciarios le podrá exigir a las policías municipales, estadales y nacionales, requisitos adicionales, tales como la compra de uniformes, enseres personales u otros similares, para aceptar el traslado de un detenido a un centro penitenciario ordenado por el órgano jurisdiccional competente.

 

CAPÍTULO III

DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS DETENIDOS.


Artículo 19. De la alimentación de los detenidos. Dentro de los límites compatibles con el buen orden del recinto, los detenidos en los calabozos policiales podrán procurarse alimentos del exterior por conducto de su familia o allegados. En caso contrario, la administración les proporcionará los alimentos.

Los horarios y las condiciones para la entrega de los alimentos deberán ser desarrollados en el reglamento de la presente Ley.

En ningún caso se le exigirá a los familiares o a los propios detenidos, contraprestación alguna por permitir el acceso de los alimentos destinados a los detenidos.

Artículo 20. Acceso al agua potable. Todo detenido en un calabozo policial deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite.


CAPÍTULO III

DE LA CLASIFICACION DE LOS DETENIDOS.


Artículo 21. Clasificación. Las estaciones o comisarías de policía deben contar con distintos calabozos que permitan la clasificación de las personas detenidas, de conformidad con los parámetros expuestos en los artículos siguientes.

Artículo 22. Mujeres y hombres. Los hombres serán recluidos en calabozos distintos y separados de los destinados a las mujeres. En ningún caso se podrán mezclar hombres y mujeres dentro de un mismo calabozo.

Artículo 23. Menores de edad y adultos. Los menores de edad que se encuentren provisionalmente detenidos en una estación policial deberán estar en calabozos distintos a los destinados a los mayores de edad.


 DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.


     Dentro de los siguientes 180 días después de la promulgación de esta Ley, el Ministerio de Servicios Penitenciarios deberá coordinar y concretar el traslado a los centros penitenciarios formales de todos los detenidos que se encuentren en los calabozos de las policías municipales, estadales y nacionales, en contra de las disposiciones de esta Ley.

 

DISPOSICIÓN FINAL.


La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en El Palacio Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a la fecha de su sanción.

 

 

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