Prensa AN
Este viernes, durante la Consulta Pública Nacional del Proyecto de Ley para la Atención Integral y Reparación de las Víctimas de Derechos Humanos, que se realizó en la plaza Las Tres Gracias, el diputado Pedro Carreño enfatizó que el pueblo tiene que hacer sus propias leyes.
El presidente de la Comisión Permanente de Política Interior explicó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que una vez que la Asamblea Nacional (AN) apruebe un proyecto de ley en primera discusión, inmediatamente debe ser sometido a la consideración del pueblo.
Carreño detalló que el proceso de elaboración de las leyes impone también recoger las propuestas y observaciones del Poder Popular, las cuales serán sistematizadas e incorporadas por la comisión permanente que lleva el proyecto de ley, quien elaborará el informe para la segunda discusión en la Plenaria de la AN.
La actividad contó con la presencia de la primera vicepresidenta de la Comisión de Política Interior, diputada Rosa León, y el resto de los integrantes de esa instancia, así como de la diputada Desiree Santos Amaral, quien fue víctima de violación de sus DDHH. También participó el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, quien aseveró que las autoridades de la ciudad capital también asumen el parlamentarismo de calle junto con el pueblo.
Fernández precisó que la ley en consulta honra la deuda moral y de justicia social que tiene el país con quienes se rebelaron contra la opresión.
Comentó que el proyecto de ley promueve indemnizar a los familiares de los que perdieron la vida defendiendo sus derechos y los del pueblo.
En el evento se recordó que la propuesta legislativa fue aprobada por unanimidad, en primera discusión, el 21 de octubre pasado a objeto de garantizar los DDHH a todos los venezolanos y establecer el resarcimiento e indemnización a quienes han sido violentados en tal sentido.
Se habló de las violaciones de DDHH durante los gobiernos de Jaime Lusinchi, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, como las masacres de El Amparo, Yumare y El Caracazo. En virtud de ello, con la ley se busca indemnizar a los afectados sin distingo de raza, sexo, credo o ideología política.
En el proyecto se establece la creación de un fondo para resarcir daños, inclusive psicológicos. Este fondo será manejado por la Vicepresidencia Ejecutiva de la República.
