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Comisión de Contraloría utilizará fuerza pública para garantizar comparecencia de exfuncionarios de Guárico

Fecha: 19/05/2022

Periodista: Dinorat Menessini / Fotografo: Luis Alfonso Dávila Isturiz

La Comisión Permanente de Contraloría utilizará la fuerza pública para garantizar la comparecencia, ante la Asamblea Nacional (AN), de los exfuncionarios municipales, Radislav Reyes y Félix Rafael Patiño, quienes no acudieron este miércoles a la convocatoria de la instancia parlamentaria que investiga las presuntas irregularidades administrativas cometidas durante la gestión del alcalde del municipio Leonardo Infante del estado Guárico, Pedro Elías Loreto Rengifo.

El presidente de la comisión, diputado Alexis Rodríguez Cabello, informó que los ciudadanos en cuestión justificaron su inasistencia alegando que no tenían combustible para surtir sus vehículos. Ante ello, el parlamentario invocó el artículo 117 del Reglamento de Interior y de Debates de la AN, “… podrá solicitar por una vez el cambio de la fecha u hora de la interpelación o comparecencia, si causas de fuerza mayor así se lo impiden. La solicitud de diferimiento contendrá, claramente expuestas, las razones de la misma”.

Para Rodríguez Cabello lo expuesto en el artículo no fue tomado en cuenta por los funcionarios y, por tal razón, se hará una nueva citación a través del uso de la fuerza pública. Previo a la decisión, la diputada Maritza Matos, realizó una breve introducción sobre el caso concerniente a la adquisición del inmueble Edificio Las Marías, sin contar con la disponibilidad presupuestaria durante la gestión de Loreto Rengifo en el período 2013-2017.

Según el expediente número 1731, se presume ilícitos administrativos con el consecuente daño patrimonial al municipio, cuyo monto se estima en treinta y tres millones de bolívares, indicó Matos. Añadió que entre las condiciones de pago de este ilícito se estableció para la fecha un reembolso de tres millones de bolívares al momento de realizarse la autenticación y protocolización.

Precisó que se estableció también otro pago de ocho millones de bolívares y un tercero de 22 millones de bolívares, pagadero de manera fraccionada, que serían financiados con recursos de ventas de ingresos ordinarios de la alcaldía del referido municipio, contradiciendo la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en su artículo 38, entre otros instrumentos legales.

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