Resumen:En los calabozos de las policías municipales, estadales y nacionales del país, se han venido presentando con mucha frecuencia graves hechos de violaciones a los derechos humanos. Se trata de sucesos que han conmocionado a la sociedad venezolana y que han tenido repercusión en organismos internacionales de DDHH. Masacres o episodios de muertes masivas de detenidos, como los ocurridos en agosto de 2017 en el Centro de Detención Judicial del estado Amazonas, donde fallecieron 37 presos, o el más reciente acaecido en marzo de 2018 en los calabozos de la Policía de Carabobo, en el que murieron, según el parte oficial, al menos 66 detenidos y dos visitantes, aunados a otros cruentos eventos, evidencian que las circunstancias que rodean actualmente a los calabozos de policías del país, vulneran la obligación del Estado de proteger la vida de las personas privadas de su libertad, prevista en el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El caos que se viene generando en los calabozos de policía del país, también se ha expresado, entre otras formas, en fugas masivas de detenidos (muchos de ellos procesados por homicidio, secuestro, robo u otros delitos graves), casos de desnutrición que inclusive han provocado la muerte de varios detenidos, enfermedades que se multiplican, episodios de violencia entre reclusos que muchas veces han terminado con saldos fatales y denuncias de familiares que señalan que se les exigen pagos para el ingreso de alimentos o visitas a los detenidos. El hacinamiento, causado fundamentalmente por decisiones arbitrarias del Ministerio de Servicios Penitenciarios, que han obstaculizado el traslado del grueso de los detenidos a las cárceles formales, se cuenta entre las primeras causas generadoras de violaciones a los DDHH en los calabozos de policía. Desde la Defensoría del Pueblo se ha señalado que en la totalidad de estos recintos el número detenidos es cercano a los 30.000, muchos de ellos con meses y hasta años allí recluidos (algunos hasta con sentencias condenatorias). Esta misma institución ha comprobado igualmente que en algunas de estas estaciones policiales el hacinamiento ha alcanzado el 1.000%. Esta situación ha creado, de facto, una especie de sistema penitenciario paralelo al formal. La operatividad de los cuerpos policiales también se ha visto afectada por la situación irregular en los calabozos de estos organismos. Informes oficiales han señalado que el 30% de los policías del país están dedicados a labores de custodia y traslado a tribunales de detenidos, dejando de esta manera de estar en las calles protegiendo a la ciudadanía,lo cual es su labor principal y natural. Todo este caos se ha creado, en gran parte, porque hasta ahora el país no ha contado con un texto legal que contemple normas claras sobre el funcionamiento de los calabozos y las condiciones que éstos deben mantener. Tampoco hay estipulaciones claras sobre el tiempo máximo que los detenidos pueden permanecer en estos recintos. Ni el Código Orgánico Penitenciario ni la Ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana señalan nada al respecto. Esta importante carencia, es precisamente la que viene a cubrir la presente Ley. Reglas claras en el funcionamiento de los calabozos policiales evitarán que en el futuro, funcionarios irresponsables vuelvan a tomar decisiones que pongan en riesgo la vida y el resto de los DDHH de los detenidos. En el transcurso de los dos títulos, tres capítulos y 23 artículos con los que cuenta esta Ley, se desarrollan aspectos relativos a los derechos humanos de los detenidos y la formación que sobre este tema deben recibir los encargados de su custodia (Arts. 3,4 y 5); también sobre la infraestructura, las condiciones generales de los calabozos, los servicios con los que deben contar y las instituciones encargadas del cumplimiento de estas disposiciones (Arts. 6, 7, 10, 11 y 13); asimismo, sobre lo relativo al derecho de visitas a los detenidos y los espacios y horarios para ello (Arts. 8 y 9); el tiempo de permanencia máximo de los reclusos en los calabozos policiales para evitar el hacinamiento (Arts. 15, 16, 17 y 18); el derecho a la alimentación y al acceso al agua potable (Arts. 19 y 20) y las normas para la correcta clasificación de los detenidos (Arts. 21, 22 y 23). Por último, la disposición transitoria única establece un lapso máximo de 180 días para que el Ministerio de Servicios Penitenciarios coordine y concrete el traslado de todos los detenidos que se encuentren en los calabozos policiales en violación de las disposiciones contenidas en esta Ley.